Ante la última resolución 680/2017 TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA SALA CONTENCIOSO ADVO. 2 MADRID, desde el Comité Local de Iniciativa por Aranjuez ( In-Par ), trasladamos nuestra reafirmación sobre todo lo comunicado desde nuestro partido con respecto al Decreto sobre Organización y Distribución de Recursos Municipales del 16 de julio de 2015.La posición sobre la decisión tomada la compartimos convocando dos ruedas de prensa (14 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016) en las que trasladamos clara y llanamente nuestra oposición ante esa decisión y nuestra creencia firme de la ilegalidad de la medida. Además de trasladar nuestra posición contraria en las ruedas de prensa, el 7 y el 21 de julio de 2015, el 25 y el 26 de enero de 2016, emitimos cuatro notas informativas, algunas de ellas dando contestación a posiciones del gobierno y otras reafirmando nuestro convencimiento sobre la ilegalidad de la decisión.
En In-Par, tras diferentes consultas y estudios sobre el procedimiento, decidimos dar el paso de recurrir la decisión, no sin antes buscar que esta diera marcha atrás y siguiera en la búsqueda de soluciones acordadas. Ante la decisión de seguir adelante, con la decisión tomada por Decreto, con toda firmeza y convencimiento recurrimos la decisión ante el tribunal Contencioso Administrativo, el cual ha ido dando pasos, todos ellos en la línea planteada por nuestro Grupo Municipal.Tras la última resolución rechazando el Recurso que declaraba nulo el Decreto, consideramos que este asunto ha llegado al final, y que el grupo municipal socialista, entonces gobierno municipal, debe reconocer que la decisión no fue ajustada a derecho y responder con lo que la sentencia establece, que no es otra cosa que aceptar y dar curso a la nulidad del Decreto.
Para Iniciativa por Aranjuez, todos los errores políticos con respecto a la Organización y Distribución de Recursos Municipales se corrigieron con el acuerdo de gobierno conjunto, estableciendo una senda de equilibrio y de ahorro, que sin ninguna duda podría haberse alcanzado antes, pero no fue así.
También mantenemos nuestra posición con respecto a la decisión tomada el 13 de noviembre de 2015, en la que PP y el PSOE decidieron liberar a 17 personas, 12 del PSOE y 5 del PP, sin despeinarse. Acuerdo con el que la señora Martínez no se sonrojó ni puso ningún reparo, toda vez que ella salía beneficiada porque se le asignaba un buen salario, tal como demostró en pleno con una sonrisa desmesurada, trasladando que ni en sus mejores sueños. Entonces demostró y hoy sigue demostrando que la mesura, el respeto sobre los dineros públicos es lo de menos, el asunto fue que ella no tenía salario.
La diferencia entre la denuncia del PP y de In-Par, era muy notable, a la Señora Martínez solo le importó lo suyo, sin considerar que 874.585.10 € (para ambos grupos) del presupuesto, era y es inaceptable en una situación como la del Ayuntamiento. A la señora Martínez, no le importó que la decisión se tomara por Decreto, lo que le importó es que ella se quedaba sin sueldo y su grupo también, por eso cuando le propusieron que se liberara y 4 personas más de su partido, no dudó y aceptó, sin que la situación de las arcas municipales les importara mucho. Principios políticos normales en ella, claramente evidenciados durante sus 4 años completos de mandato, donde tuvo liberadas 19 personas del Partido Popular, todos los concejales (14) y 5 cargos más, y todos ellos con unos salarios superiores a los aprobados en el acuerdo de Gobierno entre In-Par y PSOE.
La diferencia estriba en que mientras al portavoz de In-Par se le propuso estar liberado en la oposición y dijo que no, la Señora Martínez no tardó, con total falta de respeto al dinero de todos los vecinos, en aceptar todo lo que le pusieron sobre la mesa, a modo de botín para quienes están dispuestos a lo que sea.
La realidad hoy es otra a la del 2015, 2016 y 2017, los compromisos de trabajo alcanzados y los objetivos proyectados han corregido esos errores, nada tienen que ver con otras decisiones tomadas, y le corresponde al Grupo Socialista, con quienes cogobierna In-Par, reconocer los errores políticos, claramente determinados en la Sentencia y cumplir, como no puede ser de otra manera, con las obligaciones que de ésta se derivan.
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