Bonificaciones
El PSOE mostró su voto favorable a la propuesta sobre la aprobación de modificación de la ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Expedición de Determinados Documentos y Distintivos para beneficiar a las mujeres víctimas de la violencia machista. Gracçia señalo que “esta propuesta, aunque es una modificación de tasas en la Ordenanza, tiene un fondo de beneficio hacia las mujeres que sufren violencia de género. El Plan de Ajuste determina que no existe problema para esta bonificación de tasas al 95%, atendiendo a la especial vulnerabilidad social de esta violencia hacia las mujeres”. La portavoz socialista añadió que “hay mucha vulnerabilidad en las mujeres respecto a esta violencia machista y existen muchas violencias, no solamente la física, y una de ellas es la económica, que es de las más importantes, y todas las medidas que se encaminen a facilitar que las mujeres se integren en este tipo de ayudas serán buenas, porque hay muchos casos en los que estas mujeres maltratadas no pueden afrontar ese gasto, por muy pequeño que sea”.
El Regajal
El PSOE presentó una enmienda a la propuesta del delegado de Medio Ambiente para que el Centro de Educación Ambiental El Regajal Mar de Ontígola de Aranjuez se integre en la Red de Centros de Educación Ambiental gestionados por la Comunidad de Madrid. La enmienda, votada en contra por toda la derecha y, por lo tanto, no admitida, pedía hacer compatible este uso con el reflejado en el convenio firmado con SEO Birdlife, de tal forma que se favorezca su desarrollo y una posterior renovación del mismo, en el CEA El Regajal.
La concejala socialista, Elena Lara, expresó que “es una buena propuesta y en la pasada legislatura ya se lo pedimos al Consejero de Medio Ambiente pero no lo vio necesario ni importante como para incluirlo en los presupuestos”. Lara manifestó que “el problema de traer intenciones en lugar de propuestas es no conocer el futuro convenio. Estamos convencidos que el concejal González Granados ha ojeado otros convenios de otros municipios en los que se ve que es perfectamente compatible las actividades que se pueden realizar dentro de la red como las que puede realizar el propio ayuntamiento o las asociaciones que pertenecen al municipio y por eso hemos presentado la enmienda aunque se haya votado en contra”. La concejala socialista recordó que “el centro ha estado funcionando en la pasada legislatura como en la anterior, solo que en lugar de ser dos asociaciones las que organizaban las actividades, las organizaba una, que era SEO Bird Life”.
“El PSOE ha estado siempre muy involucrado con todas las asociaciones, a las que se ha atendido de la misma manera cuando nos han pedido cualquier reunión o cualquier otra cosa. Siempre hemos tenido una actitud proactiva con todas sin esperar que nos pidiesen encuentros que vienen reflejados, incluso, en el convenio. Si el gobierno regional acepta esta propuesta estaremos encantados de ver cómo se gestiona ese convenio y de ver qué es lo que negocia el señor Granados en favor de esta ciudad”, finalizó Lara.
LOMLOE
El PSOE votó en contra de la propuesta de PP y Ciudadanos instando al Gobierno de la Nación para la garantía del aprendizaje en castellano en todo el territorio y la libertad de elección del centro educativo.
La concejala Socialista, Laura Hernández, señalo que “no solo no se han leído la nueva Ley de Educación, con la Constitución en una mano y los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas en la otra, tampoco se han leído ni sus propios programas electorales. El de VOX dice en el punto 118. “acabar con la educación especial”. El del PP, en el punto 108, “garantizaremos el derecho de los padres de niños con discapacidad a elegir la educación que quieran, tanto en los centros de educación especial como en los centros normalizados”. El de Ciudadanos, en el punto 46: “garantizaremos el derecho a una educación inclusiva. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias tanto la escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios”.
Hernández ha recordado que “docentes, asociaciones y familias de personas con diversidad funcional han tachado de ‘éticamente inaceptable’ que algunas personas ‘están utilizando’ los rostros, voces y dificultades o limitaciones de los niños con discapacidad intelectual ‘como arma arrojadiza en el debate público’ sobre la nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación”.
La concejala socialista afirmó que “la derecha y la ultraderecha están usando a los más vulnerables con fines políticos y como servidores públicos debemos exigir una educación igualitaria, que no segregue por clases, sexos y creencias y eso es la libertad y no lo que gritan por las calles. Ustedes gritan libertad cuando quieren decir privilegio”.
Respecto a las afirmaciones que estos grupos hacen sobre la ley, Hernández sostiene que “la escuela concertada no se elimina con esta ley, lo que se eliminan son las cuotas voluntarias en dichos centros y que supone un filtro económico de entrada en muchos centros concentrados.
Por otra parte, los estudiantes tienen derecho, tanto en los centros de titularidad pública como en los centros sostenidos con fondos públicos, a que se les brinde una oferta reglada de formación religiosa confesional de acuerdo con sus convicciones. Eso está garantizado en la ley, pero el condicionamiento moral y religioso no puede implicar una ventaja o una desventaja para el expediente académico, la obtención de becas o el acceso a estudios superiores”.
Sobre el uso del castellano, la concejala socialista expresó que “no corre peligro. El término ‘lengua vehicular’ se lo inventó el PP en la nefasta Ley Wert. El castellano está protegido por la Constitución y resulta curioso que desde Madrid queramos imponer qué lengua deben hablar en Cataluña, Galicia o el País Vasco cuando el PP puso en marcha un programa de bilingüismo en el que se renuncia al castellano como lengua vehicular (según sus términos) imponiendo el inglés. Los niños aprenden en segundo de primaria España y sus comunidades autónomas en inglés”.
Lo que no entendemos es que si expresan que están de acuerdo con el marco de la educación, ¿por qué votan en contra de la ley y traen esta propuesta? Un proyecto de ley que ya está aprobada por mayoría en el Congreso dejando atrás la nefasta Ley Wert y su modelo educativo elitista, segregador y retrógrado, que se aprobó con los únicos votos del PP teniendo en contra a toda la comunidad educativa, que se organizó en mares y que sigue peleando día a día por una educación pública y de calidad”.
Hernández finalizó expresando que “mienten y manipulan y con su actitud están promoviendo el adoctrinamiento a los niños en centros concertados donde leen manifiestos contra la nueva ley. Utilizan de manera ruin a las personas con discapacidad funcional y a sus familias. Respeten la democracia parlamentaria y el trabajo de los grupos que han participado en la elaboración de esta ley y prioricen los derechos del menor ante sus intereses políticos. Pónganlos en el centro, porque nuestra obligación como servidores públicos es garantizar una educación para todos, de calidad, en igualdad e inclusiva”.
Colonia de Aviación
El PSOE votó a favor de la propuesta de Acipa sobre un convenio con el Ministerio de Defensa para posibilitar la recuperación y el uso público de las antiguas instalaciones deportivas de la Colonia de Aviación. El concejal socialista, Óscar Blanco, señaló que “es algo que ya debatimos en el anterior gobierno ante la ausencia de espacios para instalaciones deportivas nuevas. Hay que iniciar las conversaciones con el Ministerio pertinente pero hay que tener cuidado con lo que se negocia y en qué condiciones porque luego una parcela sin poder hacer uso de ella puede ser un regalo envenenado, porque habría que hacer inversiones para dotar ese espacio de infraestructuras deportivas. Hablamos de más de tres millones de euros para hacerlo útil, porque nosotros sí hicimos números. Hace poco aprobamos una propuesta sobre la Smart City, que suponía 5 millones de euros, y ahora aprobamos ésta que nos puede asfixiar económicamente con los compromisos de inversión que se pueden asumir en este pleno, porque además la inversión iría por un lado y el mantenimiento, por otro, y con el personal que cuenta la delegación de Deportes sería un problema añadido”.
Mascarillas
El PSOE mostró su voto contrario a la propuesta presentada VOX sobre suministro de mascarillas. La portavoz del grupo, Montserrat García, señalo que “ahora piden mascarillas gratis pero medidores de CO2 para los colegios, no. Ahora que se baja el IVA traen una propuesta para que las mascarillas sean gratis, puro populismo. Y las quieren gratis para todos, también para los que nos las podemos pagar. García expresó que “es una propuesta populista y mentirosa porque leyéndola dice que estamos en una emergencia alimentaria en Aranjuez. Desde los Servicios Sociales se está atendiendo a las familias con más necesidades. Todas las semanas se gastan 10.000 euros en emergencia social, además de la ayuda del comedor social. Hablan de los trabajadores que aún no han Conrado los ERTES, pero no hacen referencia a los cientos de miles de españoles que han cobrado estos ERTES, que hasta el BCN reconoce que han salvado situaciones dramáticas en muchísimas familias”.
La portavoz socialista, además, insistió señalando que “tienen la desvergüenza de hablar del Ingreso Mínimo Vital diciendo que se autoriza de forma cuestionable, dudando de los funcionarios que gestionan este derecho subjetivo, al que prestan ahora mucha atención pero que votaron en contra y al que llamaron “paguita”.
García recordó que “el mismo Real Decreto Ley que aprueba la bajada del IVA de las mascarillas autoriza un crédito para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 6.000 millones de euros para ayuda social. Además, aprueba un crédito extraordinario para el Ministerio de trabajo de 2.300 millones para cubrir las prestaciones retributivas y las cuotas del subsidio de desempleo.
El gobierno de España proporcionó 15 millones de mascarillas en mayo, otros 15 millones en noviembre y con el compromiso de otros 15 millones en diciembre”.
Sobre la crítica de la concejala de CIudadanos, Gómez Barrasa sobre la actuación del Gobierno de España, García expreso que “lo ha hecho tan mal el Gobierno de España que en Aranjuez, a día de hoy, el único dinero que ha llegado han sido los 256.000 euros del convenio especial para los Servicios Sociales y una medida que ha permitido gastar el remanente del Ayuntamiento. Sin embargo, cada vez que hemos venido a este pleno a instarle al Gobierno de Madrid a que cumpla con sus competencias y a que destinen a los ciudadanos aquel dinero que le está transfiriendo el Gobierno de España no se ha actuado en esa dirección; ni siquiera se lo hemos reclamado”
IVA
El PSOE votó en contra de la propuesta dea VOX sobre el IVA y medidas COVID-19. El concejal socialista Luis Javier Benito señaló que “esta es una propuesta que tiene mucho fondo. Desde la óptica del lado del constitucionalismo, del progreso, de los que entendemos que la distribución de la riqueza es la mejor herramienta para asegurar el bienestar solo se puede denominar como una “aberración fasccista” que debería avergonzar a esta institución democrática. Desde una posición como la suya, la ultraderecha, su propuesta es la añoranza de tiempos pasados, anticonstitucionales, la denotación de la Constitución española, el autoritarismo y la apuesta más tenaz para imponer los principios neoliberales”.
Benito subrayó que “el PSOE cree en la coexistencia entre lo público y lo privado, pero con un sistema regulado. Lo que no se puede permitir es que en la Comunidad de Madrid, desde hace unos años, se quiera desmantelar la sanidad pública dándoles el nicho de negocio a la privada y eso no es coexistir, y lo que trata Vox, con esta propuesta, es identificar de manera clara al que puede frente al que no puede y lo que dice es que el que puede no tiene por qué subvencionar el gasto de los que no pueden. Se puede discutir si tiene que ser más o menos gravoso el IVA o cómo se regula esa coexistencia, pero VOX encamina esta propuesta para que haya una diferencia entre lo público y lo privado contradiciéndose incluso porque hemos aprobado una bonificación del IBI para mujeres maltratadas que viene de lo público, de los impuestos de todos los españoles y sin estas decisiones no habría capacidad para que en un Estado todos sean iguales.”
Sotomayor
El PSOE votó a favor de la propuesta de InPar para incorporar al desarrollo de Aranjuez la Dehesa de Sotomayor y la Casa de la Monta. David Estrada señalo que “es indudable el valor histórico, cultural, agrícola y ambiental de la Dehesa de Sotomayor y de la Casa de la Monta. Esta propuesta hace referencia a dos acuerdos, uno de diciembre de 2016, de Acipa e InPar, y otro de abril de 2016, acordada por unanimidad, para instar a la Comunidad de Madrid a la vista de declaración de impacto para la declaración de BIC, como se hace hoy. Se instaba al a GEDESMA, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante la declaración de impacto ambiental y ante la inviabilidad del proyecto que se había propuesto la resolución del contrato para la explotación de la Dehesa. También se instaba a la CAM a la confección de un nuevo proyecto que fuera sostenible y compatible con los usos contemplados y respetuosos con los niveles de protección urbanístico medioambiental de la finca en coordinación con el Ayuntamiento de Aranjuez y con instituciones docentes cuya gestiono se pueda encomendar. Parece que ya es un clásico instar a la Comunidad de Madrid para un proyecto que sabemos que es complejo pero que tiene que aunar el interés ambiental e histórico de la finca con la rentabilidad de todo proyecto.
Alquiler de viviendas
El PSOE votó a favor de la propuesta de Unidas Podemos sobre políticas de protección pública a la vivienda y la regulación y control de precios sobre el alquiler de viviendas. Estrada manifestó eu “es una propuesta que refleja un drama social que se ha visto agravado por la pandemia y la crisis económica. De lo que se trata es de instar a las tres administraciones públicas territoriales a que actúen. Es un drama que ya era palpable antes de la crisis sanitaria y nos es cercano, por ejemplo en la gestión de la propietaria en los pisos del barrio de La Montaña, en el entorno de la calle Cáceres. El Gobierno central no es ajeno a este problema y en septiembre prorrogó hasta el 31 de enero las medidas extraordinarias de protección de alquiler de vivienda de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. Fue un paquete de medidas en un real Decreto Ley destinado a, por ejemplo, dar la oportunidad de solicitar la moratoria parcial en la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública que es, sobre todo, a quien va dirigida esta propuesta”.
Estrada añadió que “los partidos liberales que gobiernan con quienes enajenaron ese patrimonio público no paralizaron nada, lo paralizó la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta especial sensibilidad la compartimos y desde el Gobierno de España se trabaja hacia una regulación de la intervención de los precios de la vivienda. La concejala de Ciudadanos, la señora Romina, afirmó en Comisiones Informativas que el derecho a la vivienda, bajo una supuesta óptica liberal, no es un derecho fundamental y es el mismo derecho a tener un Rolls Royce. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional y hay que tomarse de manera más seria el derecho a tener una vivienda digna y tenemos que promover las condiciones necesarias para garantizar ese derecho y regular el derecho al alquiler es el primer paso, empezando por los grandes tenedores y por las administraciones públicas, que son las primeras que tienen que dar ejemplo”.
Estrada finalizado afirmando que “hay que destacar que las políticas de vivienda también se realizan a través de ese escudo social de los decretos leyes del Gobierno central y es una de las diferencias en cómo se hace frente a esta situación económica respecto al año 2012. En la actualidad no se va a dejar a atrás a nadie y se debe promocionar la vivienda pública. La raíz del Problema no puede ser otra burbuja inmobiliaria y no puede ser solo la oferta, tiene que ser también la intervención. Los principios liberales de economía ya sabemos dónde nos llevaron en años anteriores. La regulación del precio es muy complejo porque cualquier captación del límite de derecho a la propiedad no es absoluto y será objeto de algún recurso ante el Tribunal Constitucional. Los Ayuntamientos no tenemos competencias reguladoras, a pesar de la economía local, pero esta propuesta trata de instar para posicionarnos y hacer frente a este drama fiscal y se regulen esas subidas abusivas del precio y que el Gobierno de España lo va a efectuar.
