Según el registro más detallado de viviendas vacías existente hasta la actualidad (el elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011, que no será actualizado hasta 2021) en nuestra ciudad hay casi 4.200 viviendas vacías. Sería ya objeto de un trabajo mucho más minucioso y casi hercúleo conocer las circunstancias que determinan este hecho. No obstante, y a pesar de la carencia de medios para realizar tales averiguaciones, podemos inferir que tanto el progresivo despoblamiento de los centros históricos (circunstancia a la cual Aranjuez no es ajeno) como el pinchazo de la burbuja de la construcción han sido y son aspectos determinantes.
Precisamente tras el desplome del sector de la construcción a finales de la década pasada muchas promociones de viviendas, terminadas o incluso sin terminar, acabaron en manos de entidades bancarias de toda índole, bien banca privada o incluso entidades de carácter público como Sareb.
Estas entidades, que se transformaron casi de la noche a la mañana en grandes tenedores de vivienda, en demasiadas ocasiones no se han caracterizado por mantener sus propiedades en buenas condiciones. No queremos generalizar, pues muchas de ellas han sido de nuevo puestas en el mercado tras su recuperación, pero otras tantas han acabado sumidas en el abandono o siendo pasto de actividades delictivas.
Han sido ya muchas las propuestas que hemos llevado solicitando actuaciones ante los problemas derivados de las usurpaciones de vivienda. Por fortuna Aranjuez no es uno de los municipios más afectados en absoluto y las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado han evitado males mayores, pero eso no evita que el problema exista y sea una fuente de preocupación para los vecinos de estas zonas. El problema no es solo este, sino también el de la vandalización de las viviendas, acrecentando aún más el problema.
Al final de toda esta cadena, los paganos de la situación acaban siendo los vecinos que viven junto a las viviendas usurpadas, vandalizadas o abandonadas a su suerte, y por qué no decirlo, el propio Ayuntamiento, que tiene que invertir cuantiosos recursos (en seguridad, en limpieza, en emediación de situaciones peligrosas…) solo porque un tercero no cumple y no hace cumplir con sus responsabilidades. Ya cuando en la pasada legislatura pedimos que se estudiara la adopción de medidas para paliar esta circunstancia (como la tasa de vigilancia especial que lamentablemente fue anulada por el TSJM y el Tribunal Supremo) recordamos que en 2017 el gobierno local se comprometió a elaborar un censo de inmuebles usurpados y de aquellas zonas donde se estuviesen provocando problemas de convivencia vecinal, así como a la intermediación con las entidades financieras para que se procediera a la clausura de viviendas abandonadas susceptibles de ser ocupadas o que vigilaran el robo de fluidos.
En vista de que esto, pese a los avances logrados, no ha sido suficiente ya que no abarca la totalidad del problema, proponemos ir todavía más allá, siendo también conscientes de la complejidad a la hora de abordarlo. Creemos que es oportuno establecer un censo de inmuebles vacíos, si no de la totalidad, sí en especial de aquellos grandes inmuebles vacíos y lo más importante, analizar si su estado de conservación es el adecuado o exigible, independientemente de quién sea su dueño.
Recordemos que el artículo 168.1 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid dice textualmente: “Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos a fin de requerir en todo momento las condiciones requeridas para su habilitación o uso efectivo” así como nuestro propio Plan General vigente en la actualidad (el epígrafe 3.4.29 referido a las condiciones también de los espacios libres de manzana y privados)
Ni que decir tiene que hay bloques, manzanas enteras en Aranjuez, que no solo no cumplen con ni un solo de esos puntos (en especial las condiciones de seguridad y ornato) cuyos espacios libres de manzana son accesibles, estando en condiciones tan deplorables como los elementos construidos, sino que además no hacen nada por mantenerlos, ni por rehabilitarlos ni por remediar los problemas derivados del abandono o del vandalismo. El Ayuntamiento de Aranjuez debe velar por la seguridad de los ciudadanos, debe ser garante del cumplimiento de las ordenanzas y debe buscar fórmulas para repercutir a esos grandes tenedores de vivienda los gastos derivados de su inacción o su “pasotismo” cuando estos se den, y más de manera flagrante.
Por todo ello, La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Proposición, solicitando al Equipo de Gobierno:
La elaboración de un censo de viviendas en mal estado, inacabadas (esqueletos de hormigón, ladrillo, fachadas sin recebar, etc…) vandalizadas, procediéndose según el caso a la reclamación a los propietarios para los arreglos pertinentes y a la apertura de expedientes sancionadores en caso que no realizar acción alguna.
Proseguir con la intermediación con los propietarios para la clausura de viviendas susceptibles de ser ocupadas ilegalmente, instalen alarmas, vigilen el robo o fraude de fluidos, mediando también con las empresas suministradoras.
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