“Esa sentencia no dice en ningún sitio que el Gobierno municipal tenga que devolver 170.000 euros, nadie ha dicho tal cosa a excepción del PP”, ha recalcado la alcaldesa, recordando como se sucedieron los hechos en 2015, momento en el que empezó “la estrategia de bloqueo de la oposición en bloque a la acción del Gobierno”.
En junio de 2015 se convocó el pleno de organización de la Corporación Municipal con una propuesta presentada por el equipo de Gobierno en la que se planteaba una reducción del sueldo de los concejales liberados de un 10% y de un 15% en los cargos de confianza del Gobierno, que se reducían en número en un 25%. En definitiva, se estaba planteado un ahorro de 500.000 euros para toda la legislatura.
La alcaldesa ha recordado que “esta propuesta no salió adelante porque el sueldo se les reducía a todos, al Gobierno y a los concejales liberados de la oposición: se pusieron de acuerdo para que este Gobierno no pudiera bajarse el sueldo”.
Ante la situación de ingobernabilidad que se abría, el Gobierno municipal buscó una salida que permitiera solventar el trámite hasta que se alcanzara un acuerdo de pleno, toda vez que había concejales que ya habían obtenido sus excedencias en sus puestos de trabajo.
AVALADOS POR LA SECRETARÍA Y LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
Así, los decretos que se firmaron en relación a los salarios de los concejales de la Corporación Municipal se basaron en el último acuerdo de pleno relativo a esta circunstancia, que eran los de 2011.
Y se hicieron en base a dos informes: uno del Secretario Municipal, que certificaba la vigencia del acuerdo, y otro del Interventor Municipal, que establecía que el acuerdo no solo estaba vigente, sino que además había sido ratificado en el Presupuesto General de 2015 y contaba con esas retribuciones en las bases de ejecución.
Así, el sueldo que se estableció para la alcaldía y para los seis concejales el nuevo equipo de gobierno era idéntico al que habían venido cobrando hasta la fecha María José Martínez y sus 14 concejales liberados. En el caso de la Alcaldía, el salario vigente era de 55.000 euros.
Sin embargo, la alcaldesa y los siete concejales del equipo de Gobierno estuvieron donando el 10% de su sueldo a la partida de Emergencia Social del Ayuntamiento de Aranjuez, cumpliendo así con su voluntad de reducirse el salario en esa cantidad.
DECRETO SIN EFECTOS
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº7 de Madrid viene a decir que aquel acuerdo no estaba vigente y deja sin efecto los decretos de retribuciones, que quedaron anulados cuando en noviembre de 2015 se alcanzó un acuerdo plenario en el que quedó fijada la tabla de retribuciones de la Corporación Municipal y en la que salieron ganando todos los grupos de la oposición.
Tal es así que cobraron sus salarios con carácter retroactivo desde el mes de junio anterior, algo que ahora le quieren negar al equipo de Gobierno.
Cristina Moreno ha recordado que, pese a la situación de bloqueo, en aquellos cinco meses el Gobierno estuvo trabajando para conseguir, entre otras cosas, abrir los comedores escolares en verano, sentar las bases de la nueva Oficina Municipal de Intermediación ante los Desahucios, ampliar la partida del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, crear la Unidad Especializada en Violencia de Género de la Policía Local o rescindir los contratos que el PP mantenía con la empresa Waiter Music, vinculada a la trama Púnica.
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