Primer Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Aranjuez, año 2012. El triunfante Partido Popular de María José Martínez estaba encajando esas esquizofrénicas cifras con las que justificar ante el también triunfante superministro Cristóbal Montoro que se podrían devolver los Fondos de Pago a Proveedores (al final 50 milloncejos) que limpiarían las facturas del cajón municipal. De esas cifras imposibles, de esas facturas del cajón, y de lo que todo ello supone hoy en nuestro Ayuntamiento hemos hablado ya. Y volveremos a hacerlo. Pero hoy toca otra cosa.
Aquel Plan de Ajuste de 2012 incluía una medida de gastos que rezaba lo siguiente: “Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad del capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local”. Para entonces, la sociedad Savia ya había entrado oficialmente en pérdidas, números rojos que alcanzarían los 17 millones de euros acumulados hasta el año 2015, momento en el que la sociedad entra en concurso voluntario de acreedores. Entre medias, una legislatura entera en la que el PP, con mayoría absoluta en Aranjuez, decidió no hacer absolutamente nada con Savia.
El Gobierno local de María José Martínez no cumplió ese Plan de Ajuste de 2012 (ni los siguientes). No disolvió Savia, tal y como constaba en ese Plan de Ajuste, elaborado por el PP. No cerró sus cuentas, ni siquiera las depositó en el Registro Mercantil (esta Corporación se vio obligada a aprobar en tiempo récord las de 2014, 2015 y 2016 para regularizar la situación). Evidentemente, no tomó ninguna decisión al respecto de una deuda total, superior a los 20 millones de euros, que no aparecía en los balances del Ayuntamiento pero cuyo responsable final, como socio único de Savia, era el propio Ayuntamiento. Una legislatura entera de total dejación de funciones y responsabilidades con un único objetivo: mostrar un ficticio estado financiero de solvencia y estabilidad con el que justificar unas bajadas de impuestos populistas sin reflejar fielmente deudas, facturas, compromisos y obligaciones de gasto.
Aranjuez Ahora ya ha defendido, ha propuesto en Pleno y lo volverá a hacer en la propia Savia, que la administración concursal puede explicar con detalle y conocimiento cómo puede pasar una empresa de acumular beneficios de casi 25 millones a pérdidas de más de 17 millones. PSOE, PP y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta plenaria de Aranjuez Ahora para que el administrador concursal realice su pieza final, que nos ayudaría a saber qué ha pasado en la empresa y qué posibles acciones pueden tomarse al respecto. Pero hasta entonces hay que gestionar las consecuencias de esa legislatura de inacción llevada a cabo por la anterior alcaldesa Martínez. Y entre esas consecuencias, cinco millones de deuda a acreedores y un préstamo con Caja Castilla La Mancha, ahora Liberbank, que lleva un lustro acumulando intereses, carencias y refinanciaciones, generando costes a Savia. O lo que es lo mismo, al Ayuntamiento, aunque aún no haya incorporado sus cuentas (otra tarea pendiente desde hace ya años).
Los rescates a la banca son cosa del PP
Este viernes el Pleno ha aprobado solicitar una novación de ese préstamo con Liberbank, con el objetivo de que se incorpore al Plan de Ajuste que debe debatirse en próximos días y, en último término, pudiera acogerse a un futuro Fondo de Liquidez del Ministerio de Hacienda. Unos 17 millones de euros de capital, intereses y demoras que, según los portavoces del PP y Ciudadanos suponen aumentar la deuda del Ayuntamiento y, oh sorpresa, un favor a la entidad bancaria. Sobre lo de aumentar la deuda del Ayuntamiento, considerar que la deuda de Savia no es del Ayuntamiento es de una torpeza o una mala intención que sólo se entiende, claro, viendo cómo el PP aplicó sus planes de ajuste desde el año 2012.
PP y Cs pretendieron bloquear la refinanciación de Savia sin proponer una solución alternativa. Acipa propuso ir a la liquidación de la empresa, una solución que implicaría malvender sus activos a la baja y dejar al Ayuntamiento con la deuda restante y sin ningún patrimonio.
Sobre lo del favor a la entidad bancaria, no cabe salvo recordar a los responsables del PP, también del PSOE, que la resolución de los problemas financieros de los entes locales se hace pasar por Fondos de Liquidez que, en realidad, sólo son préstamos para refinanciar préstamos y someter a los ayuntamientos con más problemas a una deuda perpetua que les impide cumplir incluso con sus competencias más básicas. Nada impide al Congreso de los Diputados derogar ese infame artículo 135 y cambiar estos Fondos de Liquidez por más transferencias que ayuden a pagar realmente la deuda de los municipios. Lo que ocurre es que esos Fondos de Liquidez sí que son un buen favor a la banca. Casi 20 millones de intereses, en concreto, pagará Aranjuez por reorganizar toda su deuda si el próximo Plan de Ajuste ve la luz. Un favor a la banca en toda regla, amparado por la Ley Montoro.
Por desgracia, Aranjuez Ahora tiene que trabajar en este escenario y sobre estas reglas del juego que instauró el bipartidismo en España. Sacar del cajón toda la deuda del Ayuntamiento de Aranjuez y ponerla sobre la mesa implica no sólo un ejercicio de transparencia, sino un trabajo de orden y compromiso de pago que tiene un coste, un coste que indigna a todas las vecinas y vecinos porque, cuando hubo que hacerlo, otros gobiernos irresponsables y demagógicos decidieron mirar hacia otro lado y mentir sobre la austeridad y el rigor. Y también en esto hay que priorizar. No estamos de acuerdo en que la deuda financiera sea la primera que se arregle. Liberbank ha ofrecido unas condiciones asumibles para arreglar su préstamo, incluida una carencia que ayudará al Ayuntamiento a absorber Savia con menos premura.
Pero hay 40 millones de euros de deuda a proveedores a los que hay que dar solución. Y obligaciones judiciales que volverán a poner a prueba la capacidad de este equipo de Gobierno de consensuar con el resto de grupos municipales medidas financieras y fiscales que garanticen la viabilidad de una institución con unos problemas económicos de máxima gravedad. Problemas económicos que, en muy buena medida, son consecuencia de una legislatura, la de María José Martínez en la alcaldía, en la que ni se cumplieron las leyes, ni se mejoró la situación económica del Ayuntamiento, ni se tomaron siquiera unas mínimas decisiones para al menos desactivar alguna de las bombas de relojería que siguen estallando a esta institución.
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