El PSOE solicita la puesta en marcha de un centro municipal de Salud Sexual y Reproductiva y pide que desde el Ayuntamiento se reafirme la defensa de la
interrupción voluntaria del embarazo
Laura Hernández: “no existe ningún lugar en la actualidad en nuestra ciudad, salvo los centros de salud, donde puedas acudir ante cualquier duda en materia de salud sexual y reproductiva”
El grupo municipal socialista ha registrado una propuesta de cara al próximo Pleno en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta, en concreto, pide que desde el Ayuntamiento de Aranjuez se reafirme la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reconocido y protegido.
Además, se solicita la puesta en marcha un Centro Municipal de Salud Sexual y reproductiva que oriente a nuestros vecinos y vecinas en materia de IVE, métodos anticonceptivos, ETS, VIH, etc.. y además organice talleres de orientación en los centros educativos de nuestra ciudad ya que, según la concejala socialista Laura Hernández, “no existe ningún lugar en la actualidad en nuestra ciudad, salvo los centros de salud, donde puedas acudir ante cualquier duda en materia de salud sexual y reproductiva”.
Por otra parte, desde el PSOE se solicita al gobierno municipal que proteja la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente ‘síndrome postaborto’. También que se inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que despliegue plenamente todas las medidas que le corresponden recogidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, como aprobar un protocolo que regule de forma clara y homogénea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como establecer un registro de sanitarios objetores de conciencia.
También garantizar la información, asesoramiento y atención adecuados ante embarazos no deseados o inesperados desde la Consejería de Sanidad, a través de la Atención Primaria y los hospitales públicos, como la atención hospitalaria de urgencia mediante información protocolizada, acciones de prevención y asistencia, así como acceso a la píldora postcoital gratuita.
Proceder con la máxima diligencia una vez que la decisión está tomada por parte de la gestante e informar adecuadamente a la mujer para conseguir en lo posible la IVE precoz, ofertando tanto la opción farmacológica como instrumental y priorizando su realización en los hospitales públicos. Garantizar la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de la nacionalidad y situación de residencia de la mujer. Adjudicar contratos/convenios a las clínicas acreditadas IVE que aseguren las condiciones necesarias tanto para los/as profesionales como para las usuarias.
Procurar que no se produzcan actividades de hostigamiento ni desinformación en los entornos de las clínicas acreditadas IVE. Asegurar que no se proporcione información acientífica respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente desde espacios públicos. Y, por último, impedir las invasiones por parte de otras administraciones, como ayuntamientos, de su ámbito competencial.
Hernández ha expresado que “la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho sanitario y reproductivo reconocido en España desde la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva, reformada en 2023 para eliminar barreras y garantizar su accesibilidad. Esta norma establece un marco de plazos que prioriza la autonomía de la mujer, reconociendo que la decisión sobre su cuerpo no puede ser coartada por dogmas religiosos o ideológicos”.
En este proceso, “es de justicia también reconocer la labor del movimiento feminista. El trabajo de tantas asociaciones y mujeres anónimas que lucharon incansablemente hasta convertir la reivindicación en ley”.
Hernández sostiene que “la posición de la derecha española, especialmente encarnada en figuras como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en Madrid, representa un retroceso hipócrita y manipulador que amenaza este avance, porque iniciativas como la aprobada en el último pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre un inexistente ‘síndrome postaborto’ supone un intento de culpabilizar y estigmatizar a las mujeres”.
Con esta posición, “no solo desatienden la ley, sino que instrumentalizan el sufrimiento personal y pseudociencia para erosionar derechos, aliándose con Vox en un populismo que ignora la evidencia científica y la voluntad mayoritaria de la sociedad española”.
En la propuesta, se aclara que en embriología, el cigoto es la primera célula resultante de la fecundación. “No es un ser humano viable ni consciente; es una etapa microscópica, dependiente totalmente del cuerpo materno, sin órganos ni sistema nervioso. Definirlo como ‘vida plena’ desde la concepción es una falacia pseudocientífica usada por sectores provida para equiparar la IVE a homicidio, ignorando que el 30-50% de zigotos no implantan naturalmente”.
La distorsión que la derecha está haciendo de este asunto es alarmante. “Ayuso, por ejemplo, ha invocado su 'pérdida de dos bebés’ (abortos espontáneos) para equipararlos a IVE voluntarias, manipulando el duelo personal contra la autonomía reproductiva”, ha expresado la edil, que ha añadido que ”científicamente, un zigoto no equivale a un feto viable; la ley española protege la salud materna desde la concepción, pero prioriza la dignidad de la mujer. Echar mano de esta etapa para restringir derechos es no solo impreciso, sino cruel, porque ignora que forzar embarazos no deseados aumenta riesgos maternos (depresión, violencia de género) sin base en evidencia”.
Hernández ha recordado que “en la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido y sólo es gracias a la voluntad de varios ayuntamientos que sigan existiendo centros municipales de salud sexual y reproductiva donde las personas puedan recibir orientación sobre esta materia. Por otro lado, es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante”.
La edil socialista ha con concluido afirmando que "no podemos permitir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y así se debe poder ejercer”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario