Un problema tan cambiante como las decisiones político-técnicas de los gobernantes de Aranjuez. Recordemos que todo comenzó cuando una madrugada de manera inesperada y sin aviso previo que delatara la magnitud del problema, se abrió un agujero a escasos metros de un edificio que colocó el foco noticiario de los medios regionales sobre nuestro querido Aranjuez.
Esta situación insólita no vivida en un tiempo reciente, iba a requerir de la mejor versión de nuestros políticos, para solventarla o paliarla de una manera lo menos lesiva para los vecinos posible. Lejos de salir airosos en la gestión de este problema inicialmente cundió la desinformación más absoluta por la anterior alcaldesa, una concejal de servicios sociales ausente para los vecinos, y que para una vez que dio la cara pública en un programa de televisión dejó la gestión del gobierno a los pies de los caballos, y unas decisiones técnicas que podrían ser no demasiado entendibles para el común de los mortales inyectando 1 millón de euros en un socavón supuso un suma y sigue de una gestión cuanto menos discutible.
Tras la salida de la anterior alcaldesa y la toma de mando en plaza del actual alcalde las cosas parecen haber cambiado, así al menos se transmite. Los grupos de la oposición han hecho piña con el gobierno ante lo que a todas luces supone en ocasiones un chantaje por parte de la propiedad, una clara dejación de funciones de la empresa propietaria, y un interés de crispación y confrontación con los vecinos. El Gobierno de Miguel Gómez contrató una de las mejores empresas para acometer los estudios técnicos y marcar las directrices de qué hacer a partir de ahora, y esto ha pasado por tener que derruir el edificio al no poder asegurar ni la propia integridad de los operarios y al costar más el ajo que el pollo, o lo que es lo mismo reparar que derruir. La empresa una vez más se ha puesto de perfil eludiendo su responsabilidad, y como con el millón inicial que tuvimos que enterrar allí, el gasto del derribo lo hemos tenido que asumir todos los ribereños en primera instancia, algo que esperamos que los servicios jurídicos del Ayuntamiento recuperen con creces y sea Global Licata como propietaria del inmueble quien asuma su responsabilidad.
Lo cierto es que el Barrio de la Montaña de un tiempo a esta parte ha sufrido un deterioro muy significativo, el perfil del alquilado ha cambiado drásticamente y sólo hay que darse una vuelta por él, para ser conscientes de que como los políticos no pongan filtro en el tipo de perfil que alojan, y la policía no marque una ruta de vigilancia y cumplimiento de las normas comunitarias, más pronto que tarde habrá problemas de convivencia más graves de los que hay en la actualidad.
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