Los Consejos de Gobierno de las seis universidades públicas de Madrid, reunidos en respectivas sesiones extraordinarias con fecha 28 de noviembre de 2024, y en representación de sus comunidades universitarias, expresan su profunda preocupación ante una situación en la que se pone en duda, casi a diario, el compromiso y la calidad de su servicio público a pesar de que los hechos y el reconocimiento nacional e internacional demuestran lo contrario. Este cuestionamiento entra en contradicción con el reconocimiento generalizado que hacen estudiantes, sus familias y las empresas e instituciones sobre la contribución esencial de nuestras universidades públicas al desarrollo regional y nacional, todo ello avalado por la calidad académica, investigadora y de transferencia de conocimiento de nuestras seis universidades públicas.
Las universidades públicas de Madrid siguen siendo el motor principal del desarrollo y el ascensor social más eficiente, a pesar de la grave infrafinanciación que sufren desde la crisis financiera de la pasada década. Esta carencia de recursos pone en riesgo las inversiones necesarias para modernizar y ampliar nuestra oferta formativa, renovar y consolidar nuestras plantillas y mejorar las infraestructuras esenciales para garantizar un servicio público de calidad. La universidad, y la educación superior en general, son un bien común que impulsa tanto el progreso individual como el colectivo, al servicio de toda la sociedad. Nuestras universidades públicas son un activo productivo en el que hay que seguir invirtiendo.
Además, nuestras universidades públicas son espacios privilegiados para el debate de ideas y modelos, lugares de convivencia, pluralidad, tolerancia y diálogo. Siempre lo han sido y seguirán siéndolo. No son, de ninguna manera, centros de adoctrinamiento. Nuestro compromiso es con el conocimiento, la investigación, la transferencia, la cultura, la creación artística y la formación de las personas y profesionales que nuestra sociedad necesita. Cerca de 220,000 estudiantes y sus familias confían en nuestras universidades, y alrededor de 30,000 profesionales trabajan cada día para hacer posible este proyecto. Mostramos nuestro rechazo a que nuestras instituciones sean instrumentalizadas en un debate partidista y simplista.
La universidad pública ha sido clave en la formación de quienes han contribuido a construir nuestra convivencia y el respeto mutuo entre personas e instituciones en las últimas décadas. Es hora de protegerla y fortalecerla. Hoy más que nunca es necesario un pacto social renovado que permita a la universidad seguir cumpliendo con el servicio público que le ha sido encomendado.
La Comunidad de Madrid, en su papel entre los más relevantes tractores de la economía española, no puede permitirse relegar a sus instituciones académicas a un estado de precariedad que comprometa su capacidad para formar talento, e impulsar la investigación y la innovación para contribuir al progreso colectivo. La Administración regional y las universidades debemos aunar fuerzas, actuar con responsabilidad y visión de futuro, garantizándose desde la Comunidad de Madrid una financiación adecuada que permita a las universidades públicas seguir cumpliendo su papel como pilares fundamentales de la competitividad tecnológica y económica de las empresas, así como del bienestar de la sociedad madrileña.
Por el futuro de la educación superior y el progreso de nuestra sociedad, defendamos la universidad pública.
CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TRAS LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE 2025 POR EL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DE LAS SEIS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (UUPPMM), REUNIDOS EN RESPECTIVAS SESIONES EXTRAORDINARIAS EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, ADVIERTEN SOBRE LA INSOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO QUE NECESITA LA CIUDADANÍA
El borrador de presupuestos aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades. Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad en condiciones adecuadas. Ante esta situación, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid urgen la implementación de un modelo plurianual de financiación que asegure su sostenibilidad y permita seguir ofreciendo a la ciudadanía el servicio público que merece.
Los Consejos de Gobierno de las seis Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (UUPPMM), reunidos en respectivas sesiones extraordinarias el día 28 de noviembre de 2024, expresan su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2025, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 30 de octubre de 2024. Si la Asamblea lo ratifica en los términos presentados, se agravará la ya crítica situación económica de las UUPPMM, consecuencia de la infrafinanciación acumulada en los últimos años.
La partida destinada a subvenciones ignora los argumentos que hemos planteado a la Consejería y enmascara un descenso real en la financiación de las universidades, agravando el déficit estructural que sufren las UUPPMM. A pesar de la alarmante situación económica, la partida presupuestaria anunciada para 2025 se mantiene en la misma e idéntica cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde únicamente a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año 2024 con respecto a lo inicialmente presupuestado para el mismo año. Esto, sumado al aumento de los costes salariales y al encarecimiento de la energía, servicios y productos, representa un retroceso en términos reales para la financiación universitaria.
Además, el proyecto de presupuestos no contempla recursos específicos para cubrir el significativo incremento de costes derivados del cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esto contribuye decididamente a colocar a las UUPPMM en una situación prácticamente insostenible. El artículo 55 de la LOSU establece de forma clara la obligación de las administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios para la suficiencia financiera de las universidades. En nuestro caso, dicha responsabilidad recae sobre la Comunidad de Madrid, que debe cumplir con este mandato para evitar un escenario crítico.
Las UUPPMM acumulan 15 años de infrafinanciación y una progresiva reducción de ingresos, sin señales de mejora. Desde la crisis financiera, la Comunidad de Madrid redujo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a estudiantes. Aunque en los últimos años se han reducido estos precios públicos, esas disminuciones no se han traducido en la correspondiente recuperación de la subvención nominativa a las UUPPMM, sino que se vienen compensando en la misma nominativa mediante cuantías calculadas anualmente y completamente desvinculadas de los salarios y su crecimiento.
Con todo ello, las UUPPMM operan hoy con una subvención nominativa de cuantía inferior a la de 2009 en euros de ese mismo año, por tanto sin tener en cuenta ni siquiera la inflación. Esta reducción de la subvención nominativa contrasta con un aumento acumulado del 34,9% en el IPC entre enero de 2009 y septiembre de 2024 (según el INE).
Mientras otras Comunidades Autónomas han revertido los recortes de la pasada década mediante contratos-programas de financiación plurianuales y nuevos modelos de financiación, Madrid se aleja del objetivo de dedicar el 1% de su PIB a la educación superior. Esto la convierte en la Comunidad Autónoma que peor financia a sus Universidades Públicas, imponiendo, además, uno de los precios públicos más altos del país a las familias.
Aún más alarmante es el hecho de que la partida anual destinada a inversiones lleva congelada desde 2014 en tan solo 7,6 millones de euros para las seis UUPPMM. Esto contrasta drásticamente con los 640 millones de euros asignados en el plan de inversiones 2007-2011, evidenciando una caída significativa en los recursos destinados al mantenimiento y mejora de infraestructuras. Esta cifra resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de los espacios que utilizan diariamente cerca de 30.000 profesores e investigadores, y personal técnico, de gestión, administración y servicios, junto con, aproximadamente, 220.000 estudiantes. La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
Adicionalmente a todo lo anterior y en cumplimiento de la LOSU, se ha tenido que rebajar la dedicación docente de algunas categorías de profesorado, sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción dada la precaria situación económica descrita y la limitación de efectivos a la tasa de reposición. Desde el Ministerio de Universidades se nos ha facilitado una propuesta (a través de un borrador de convenio) que se habría estado negociando con la Comunidad de Madrid –lo mismo que con otras Comunidades Autónomas y sus respectivas Universidades Públicas- para autorizar y contratar esos nuevos efectivos de profesorado y, así, mantener el servicio público en las condiciones anteriores a la LOSU. Pero nada ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid –ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa-, de forma que se nos autorizase ese necesario crecimiento de efectivos y la futura estabilización de sus correspondientes plazas, así como su dotación económica con total garantía de que no acabará recayendo su coste sobre las actuales mermadas subvenciones nominativas de la Comunidad de Madrid con las que apenas se puede pagar ya el 80% de las nóminas del personal de nuestras UUPPMM.
El sistema universitario público de Madrid, el segundo más grande de España en número de estudiantes, enfrenta otro año marcado por el acrecentamiento progresivo de los mismos problemas que lo han aquejado durante más de 15 años de infrafinanciación. La precariedad laboral, la imposibilidad de reponer jubilaciones, las limitaciones en promociones, la paralización de proyectos formativos y de investigación, y la incapacidad para atraer o retener talento son algunos de los desafíos recurrentes. A esto se suman infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores.
Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica, lo que nos pondrá en clara desventaja con otras Comunidades Autónomas. Estas otras regiones han implementado modelos de financiación plurianuales, revirtiendo los recortes de la crisis financiera y potenciando sus capacidades en formación, investigación e innovación, mientras que la Comunidad de Madrid sigue rezagada, comprometiendo su futuro académico y científico.
Financiar la educación superior no es un gasto, sino una inversión estratégica que beneficia tanto a la ciudadanía como al tejido productivo regional y nacional. En una región como Madrid, las UUPPMM son esenciales para formar y atraer talento, generar conocimiento, impulsar el progreso económico, fomentar la innovación científica y tecnológica, y crear riqueza. Más que instituciones educativas, las UUPPMM representan un bien común que debe ser protegido y apoyado por la clase política y la sociedad a la que sirven. Su excelencia en investigación y docencia no se logra de forma improvisada, sino mediante una inversión constante y años de dedicación y esfuerzo por parte de la comunidad universitaria.
Ante la gravedad que implicaría la aprobación del actual Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, los Consejos de Gobierno de las UUPPMM consideramos imprescindible:
1) Que se enmienden los presupuestos durante su trámite en la Asamblea para garantizar la suficiencia financiera del sistema universitario público madrileño.
2) Que se aumente considerablemente la partida de infraestructuras para poder hacer frente al mantenimiento de nuestros edificios y a nuevas inversiones.
3) Que se inicie de inmediato la elaboración de un modelo de financiación plurianual que asegure la sostenibilidad de las Universidades Públicas y nos permita seguir trabajando para servir a la sociedad madrileña con la calidad que merece.
4) Que se garantice la posibilidad de adaptación a la LOSU de las plantillas de nuestras universidades para mantener el servicio público en las mismas condiciones a través de un plan específico que nos lo autorice y con total garantía de que no acabará recayendo su coste en las UUPPMM sobre las actuales mermadas subvenciones nominativas de la Comunidad de Madrid.
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