El Partido Socialista de Aranjuez ha denunciado ante Fiscalía Anticorrupción y ante los Juzgados de Aranjuez a la Alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, como máxima responsable, por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en la adjudicación de varios contratos menores por fraccionamiento.
Los contratos denunciados son los referidos a acondicionamiento de los paseos peatonales en el barrio Vergel-Olivas, por un importe de 48.217,97 euros (IVA incluido) a la empresa INESCO, S.A., a la contratación de la obra de eliminación de barreras arquitectónicas en el Nuevo Aranjuez y calles adyacentes, por un importe de 39.843,87 euros (IVA incluido) a VALDI, S.L., a la contratación de la obra ejecución de rampa para mejorar la accesibilidad en la calle Francisco Sabatini, por un importe de 46.536,6 euros (IVA incluido) a la empresa CONSTRUCCIONES MARCOS SANVI, S.L., y al arreglo de diversas aceras en las calles del centro, or un importe de 48.330,09 euros (IVA incluido) a la empresa INESCO, S.A.
La portavoz del grupo Socialista, Montserrat García, ha expresado que “a la mala gestión del remanente de tesorería que ya anunciamos hace unas fechas, ahora se suma una presunta irregularidad por un fraccionamiento fraudulento de contratos que acabamos de denunciar, una vez reunida toda la documentación y trasladada a nuestros servicios jurídicos, que han avalado la denuncia ”.
García ha explicado que “la Ley de Contratos dice que la Administración puede utilizar como re curso los contratos menores siempre y cuando no superen los 40.000 euros (más IVA) y no se exceda la ejecución de las obras en doce meses, pero no se puede alterar el fin del contrato, que es lo que han hecho en esta ocasión”.
La portavoz Socialista ha señalado a este respecto que “lo que no se puede tener es una partida de 300.000 euros para la reparación y mantenimiento de aceras en la ciudad, que es un único contrato, con publicidad, concurrencia y que se tiene que licitar, como es lógico, y que lo fraccionen, adjudicándolos a dedo, a tres empresas con una cantidad muy similar, que es algo hasta grosero”.
García sostiene que “se han saltado la Ley de Contratos porque el remanente de tesorería tenían que ejecutarlo antes del 31 de diciembre de 2022, y en noviembre se dan cuenta de que no van a llegar si se ciñen a los plazos marcados en la licitación, por lo que el Gobierno de María José Martínez decide hacer este fraccionamiento que entendemos que es irregular, según marca la ley”
La portavoz Socialista ha puntualizado que “esta denuncia no es ninguna cuestión electoralista, es el resultado de muchos meses de trabajo, porque llevamos recabando información desde el mes de enero, hablando con los técnicos municipales y poniendo toda esa documentación a disposición de nuestros servicios jurídicos, que han entendido que la denuncia es competente; ahora será la justicia la que debe determinar si se admite a trámite y, en ese caso, dictar sentencia”.
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