El gobierno abona 1,5 millones de euros de una expropiación del gobierno de Jesús Dionisio

 El Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado en sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, con los votos a favor de Partido Popular, Psoe, Ciudadanos, Acipa, Vox y Unidas Podemos y la abstención del grupo Inpar, la propuesta presentada por la Delegada de Hacienda, Belén Barcala del Pozo, sobre modificación presupuestaria para dedicar recursos económicos al pago de una indemnización económica derivada de una sentencia judicial que condenaba al Ayuntamiento de Aranjuez por el incumplimiento del convenio expropiatorio que fue suscrito en septiembre de 2008 por el entonces Alcalde socialista Jesús Dionisio, cuyo objeto era la expropiación de una finca ubicada entre la carretera de Andalucía y la denominada Calle Larga, a cambio de un justiprecio en especie que recibiría el expropiado. “Un convenio -ha afirmado la Delegada de Hacienda- que se firmó de forma irresponsable, sin tener la seguridad de que saldría adelante el desarrollo urbanístico del sector Puente Largo y sin haberse aprobado siquiera el planeamiento correspondiente”. 

“Estos antecedentes llevaron a que la Sentencia de 20 de octubre de 2021, del TSJ de Madrid, cuantificara, de forma definitiva, la indemnización económica de dicha expropiación, en 1.579.644,76 de euros, y cuyo perjuicio para las arcas municipales podría haber incluso sido muy superior, ya que los expropiados estaban reclamando más de 10,6 millones de euros”, ha indicado Belén Barcala del Pozo.

La Delegada de Hacienda, Belén Barcala del Pozo, ha explicado que “desde la Delegación de Hacienda se han estado estudiando diversas vías para asumir esta obligación legal y dotar del crédito presupuestario necesario para proceder al abono de la sentencia, que resulta de obligado cumplimiento, con el objetivo de no emplear el remanente de tesorería en su totalidad y poder así destinarlo a inversiones para esta ciudad y para beneficio de los ribereños que, -ha continuado- lamentablemente, 14 años después, desde la firma de ese convenio continúan sufriendo las acciones y decisiones absolutamente irresponsables en materia urbanística que se tomaron en aquel momento”.

“En concreto, en primer lugar,  se va a hacer uso del Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, por importe de 443.562,36 euros. También, vía modificación presupuestaria de partidas de intereses de préstamos del presupuesto actualmente prorrogado, ya que no existe compromiso ni previsión de su  uso en el presente ejercicio, se van a destinar 692.631,50 euros, y en último lugar  se utilizarán 443.450,90 euros del remanente de tesorería para complementar el importe fijado en la sentencia”, ha informado Belén Barcala del Pozo.

La Delegada de Hacienda se ha lamentado de la herencia recibida afirmando que “ojalá no hubiéramos tenido que emplear en esta resolución ni un solo céntimo de estas partidas, y haber podido emplear esos recursos en el beneficio de los vecinos”. Y ha añadido:  “La realidad es que desde que entramos en el gobierno, bien por decisiones adoptadas en su momento por el PSOE, como es el caso de esta sentencia, bien por impagos de sentencias firmes durante la pasada legislatura de gobierno socialista, ya se han pagado en menos de tres años más de 8 millones de euros en sentencias judiciales”.

“Ha sido necesario realizar una muy rigurosa gestión de los recursos -ha destacado Belén Barcala del Pozo- para, en este contexto, dar buenos resultados económicos sin subir un solo euro en impuestos, sin ocasionar ningún quebranto en la tesorería, y cumpliendo a su vez con la obligación legal de pago de esas sentencias sin dar patadas hacia delante como hacían en la anterior legislatura el Partido Socialista”. Y ha recalcado: “Lamentablemente, la realidad es que en este año 2022 tendremos que destinar 1,5 millones de euros, en vez de en inversiones para esta ciudad o en mejora de servicios públicos, a incumplimientos de convenios firmados de forma bastante temeraria e irresponsable y que no han servido en nada para mejorar Aranjuez, y que unidos a los 8 millones de euros ya abonados, hacen que en menos de tres años que llevamos de legislatura, hayamos tenido que emplear más de 9,5 millones de euros de los impuestos de los ribereños en abonar resoluciones judiciales”. 

“Esta es la herencia que nos han dejado y, con estos datos sobre la mesa, que cada uno saque sus propias conclusiones”, ha finalizado la Delegada de Hacienda.