¿Que está pasando con el dinero presupuestado para hacer frente al contrato de limpieza?
El Ayuntamiento de Aranjuez tuvo que aprobar, hace ahora tres años, una operación financiera con el Ministerio de Hacienda para refinanciar, entre otras cosas, cerca de 20 millones de euros de facturas pendientes de pago con la empresa contratista de la recogida de residuos sólidos urbanos. Esa deuda, acumulada tras años y años de gestión opaca y negligente de diversos gobiernos en Aranjuez, marcó la renovación del servicio puesta en marcha el año pasado e impidió su remunicipalización. Ahora, el gobierno local de PP, Cs y Vox sienta las bases de la futura contrata guardando nuevamente facturas sin pagar. Más Madrid-Somos Aranjuez exige a las derechas que no vuelvan a destrozar las cuentas del municipio y que vigilen el estado de un servicio de limpieza urbana que vuelve a despertar quejas vecinales.
El informe de estado de ejecución presupuestaria correspondiente a cierre de 2019 cifra en casi 1,5 millones de euros el importe pendiente de pago de las facturas del servicio de recogida de residuos urbanos, una cuarta parte de la factura total de un servicio que se lleva 6 millones de euros anuales de nuestras arcas municipales. Tres meses después, el balance de ejecución del primer trimestre de 2020 muestra que el retraso en el pago de esta contrata se agrava; sólo se reconoce la factura correspondiente a un mes, y no se ha reflejado ningún pago, con lo que se añade otro millón y medio al cajón de las facturas.
Ambos informes trimestrales son los últimos disponibles y acaban de ser publicados en la web municipal, con lo que se desconoce por completo qué es lo que está sucediendo durante los meses de la pandemia con la situación financiera del municipio. Lo único que sabemos es que la alcaldesa Martínez va a gastar casi un millón de euros en renovar la administración electrónica local y en cambiar el césped de los campos de fútbol de El Pinar, actuaciones probablemente necesarias pero quizá no urgentes en el momento actual. Y Más Madrid-Somos Aranjuez atestigua el malestar cada vez más creciente entre los vecinos con muchos de los servicios fundamentales de mantenimiento que debe asumir el ente local ribereño. Acumular facturas con la empresa de residuos urbanos seguro que no ayuda.
Máxime cuando el balance de cuentas confirma que hay otras partidas de gasto para cuyo pago el Ayuntamiento es muchísimo más ágil. En concreto, con la abusiva tasa que la Comunidad de Madrid de la presidenta Ayuso cobra a todos los municipios de más de 20.000 habitantes por el servicio regional de Bomberos. Aranjuez ha abonado ya en el primer trimestre del 2020 cerca de un millón de euros, la mitad de los 1,8 millones que este año, como cada año, la Comunidad de Madrid pasa al cobro inmisericordemente a nuestras maltrechas arcas municipales. No es tan rápido el gobierno regional a la hora de mejorar nuestros servicios públicos fundamentales, empezando por la atención primaria sanitaria que necesita refuerzo urgente, o nuestros centros escolares, que precisan inversiones para garantizar la seguridad adecuada en el regreso del alumnado a las aulas.
El Ayuntamiento de Aranjuez tuvo que aprobar, hace ahora tres años, una operación financiera con el Ministerio de Hacienda para refinanciar, entre otras cosas, cerca de 20 millones de euros de facturas pendientes de pago con la empresa contratista de la recogida de residuos sólidos urbanos. Esa deuda, acumulada tras años y años de gestión opaca y negligente de diversos gobiernos en Aranjuez, marcó la renovación del servicio puesta en marcha el año pasado e impidió su remunicipalización. Ahora, el gobierno local de PP, Cs y Vox sienta las bases de la futura contrata guardando nuevamente facturas sin pagar. Más Madrid-Somos Aranjuez exige a las derechas que no vuelvan a destrozar las cuentas del municipio y que vigilen el estado de un servicio de limpieza urbana que vuelve a despertar quejas vecinales.
El informe de estado de ejecución presupuestaria correspondiente a cierre de 2019 cifra en casi 1,5 millones de euros el importe pendiente de pago de las facturas del servicio de recogida de residuos urbanos, una cuarta parte de la factura total de un servicio que se lleva 6 millones de euros anuales de nuestras arcas municipales. Tres meses después, el balance de ejecución del primer trimestre de 2020 muestra que el retraso en el pago de esta contrata se agrava; sólo se reconoce la factura correspondiente a un mes, y no se ha reflejado ningún pago, con lo que se añade otro millón y medio al cajón de las facturas.
Ambos informes trimestrales son los últimos disponibles y acaban de ser publicados en la web municipal, con lo que se desconoce por completo qué es lo que está sucediendo durante los meses de la pandemia con la situación financiera del municipio. Lo único que sabemos es que la alcaldesa Martínez va a gastar casi un millón de euros en renovar la administración electrónica local y en cambiar el césped de los campos de fútbol de El Pinar, actuaciones probablemente necesarias pero quizá no urgentes en el momento actual. Y Más Madrid-Somos Aranjuez atestigua el malestar cada vez más creciente entre los vecinos con muchos de los servicios fundamentales de mantenimiento que debe asumir el ente local ribereño. Acumular facturas con la empresa de residuos urbanos seguro que no ayuda.
Máxime cuando el balance de cuentas confirma que hay otras partidas de gasto para cuyo pago el Ayuntamiento es muchísimo más ágil. En concreto, con la abusiva tasa que la Comunidad de Madrid de la presidenta Ayuso cobra a todos los municipios de más de 20.000 habitantes por el servicio regional de Bomberos. Aranjuez ha abonado ya en el primer trimestre del 2020 cerca de un millón de euros, la mitad de los 1,8 millones que este año, como cada año, la Comunidad de Madrid pasa al cobro inmisericordemente a nuestras maltrechas arcas municipales. No es tan rápido el gobierno regional a la hora de mejorar nuestros servicios públicos fundamentales, empezando por la atención primaria sanitaria que necesita refuerzo urgente, o nuestros centros escolares, que precisan inversiones para garantizar la seguridad adecuada en el regreso del alumnado a las aulas.
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