Los grupos municipales del PSOE e Iniciativa por Aranjuez han denunciado hoy el regreso de las cazas de brujas entre los funcionarios y los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Aranjuez por parte del PP.
La persecución, el acoso y el hostigamiento público de ciertos empleados municipales regresa de nuevo a la precampaña electoral y lo hace de la mano del PP, que ya tiene sobrada experiencia en este tipo de estratagemas que son propias de regímenes totalitarios. Lo vuelve a hacer utilizando a su brazo armado, el sindicato amarillo CPPM.
Conviene recordar, porque la memoria es frágil, que en el pasado mandato el Ayuntamiento de Aranjuez ya fue condenado a indemnizar a un trabajador municipal con 25.000 euros por un episodio de acoso laboral de la que solo existía una responsable: María José Martínez de la Fuente, portavoz del PP y eterna aspirante a la alcaldía.
Conviene recordar también que las listas negras eran habituales durante su mandato: se revisaban los apellidos de todos los trabajadores, se escrudiñaba su filiación sindical y hasta sus simpatías políticas, con el único objetivo de castigarles, aislarles y denostarles frente a la ciudadanía.
Conviene recordar cómo se pisoteó el derecho de huelga de los trabajadores con servicios mínimos abusivos y que fueron sancionados también por la justicia, o cómo se vulneraron los derechos de los concejales de la oposición en una estrategia que solo tenía como objetivo privatizar el servicio de guardias y hurtar parte del salario a los trabajadores de sus listas negras particulares.
Conviene recordar que en la legislatura 2011-2015 el Ayuntamiento de Aranjuez funcionó sin convenio colectivo. La única estrategia negociadora del equipo de gobierno del PP con los representantes legales de los trabajadores fue la amenaza y la coacción. Se llegó a recortar la masa salarial de los trabajadores bajo el chantaje del despido de los interinos.
Conviene recordar también que el actual Gobierno municipal, conformado por el PSOE e Inpar, ha tenido que afrontar el pago de casi un millón de euros en sentencias por contratos en fraude de ley a los trabajadores contratados en el Programa de Inserción Laboral de parados de larga duración durante el anterior mandato del PP.
Conviene recordar, por último, cuál es el respeto que algunos concejales del PP tienen por los trabajadores públicos. Es el caso del concejal González Granados, que protagonizó hace unas semanas uno de los episodios más vergonzantes que se recuerdan desde que es concejal en el ayuntamiento, insultando a los trabajadores que estaban plantando olmos en la ribera del Tajo, pateando los árboles y menospreciando el trabajo realizado por el personal de Parques y Jardines.
Ahora la han emprendido con dos trabajadores: un policía local y una administrativo del Ayuntamiento de Aranjuez, pero no tendrán problemas en hacerlo con todos aquellos que no toleren sus gritos en los despachos, que les exijan un mínimo de educación para dirigirse a ellos o, simplemente, no sean simpatizantes del Partido Popular.
En todo caso, las atribuciones temporales y las atribuciones salariales que realiza la concejala de Personal vienen siempre avaladas por los jefes de servicio.
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