María José Martinez: Cristina Moreno por vergüenza política debería dimitir

EL PLENO MUNICIPAL AL OPONERSE A SU REPROBACIÓN  AMPARA EL DECRETO DE LA ALCALDESA MORENO SOBRE SUS SUELDOS Y EL DE SUS CONCEJALES DECLARADO ILEGAL Y NULO POR SENTENCIAS DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÙM. 7 DE MADRID Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

María José Martínez de la Fuente: “Con esta votación la Corporación Municipal de Aranjuez, a instancias de la irresponsabilidad de su Alcaldesa, del PSOE e In-Par se coloca fuera de la ley, y Cristina Moreno por vergüenza política debería dimitir”.

“La Sentencia es firme y la devolución a la Tesorería Municipal del dinero ilegalmente recibido por la Alcaldesa socialista y sus Concejales deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de dos meses a contar desde el 5 de octubre”. 

“Transcurrido el plazo sin que se haya repuesto ese dinero, el Partido Popular acudirá a los Tribunales para solicitar la ejecución forzosa de la Sentencia así como la imposición de las sanciones correspondientes por desobediencia a la Justicia”.

“En ambas Sentencias no sólo se condena la ilegalidad del Decreto de la Alcaldesa Moreno y sucesivas decisiones del Concejal-Delegado de Hacienda, sino que se utilizan todos los argumentos jurídicos y procedimentales esgrimidos por el Partido Popular en su denuncia”. 

“In-Par, comprado por el PSOE, que firmó en su día la denuncia junto al Partido Popular, votó en contra de la reprobación de la Alcaldesa evidenciado que su entrada en el Gobierno municipal era sólo cuestión de dinero”.

El último Pleno Municipal no estimó la Propuesta del Partido Popular que solicitaba la reprobación de la Alcaldesa Moreno cuyo Decreto sobre atribución de sueldos a ella misma y a sus concejales había sido declarado ilegal y nulo por Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya firme y sin posibilidad de recurso. Votaron en contra de la reprobación PSOE e In-par, y se abstuvieron Aranjuez Ahora y Acipa. La abstención de Aranjuez Ahora, que es “casta” según le conviene, era predecible, pero sorprende la abstención de Acipa, que lleva a pensar que busca convertirse en una nueva muleta del Gobierno Municipal por mero interés económico siguiendo los pasos de In-par, que pasó de firmar la denuncia contra el Decreto ilegal a ampararlo una vez que esa formación atípica fue comprada por la Alcaldesa con dinero de todos.

Defendió la Propuesta ante el Pleno María José Martínez de la Fuente, ex–Alcaldesa y Portavoz del Grupo de Concejales del Partido Popular.   

María José Martínez de la Fuente recordó que ya el 14 de julio de 2015, el Partido Popular señaló: “Debería saber la Alcaldesa que no es posible aplicar a una Corporación diferente aquello que se aprobó específica y exclusivamente para una Corporación concreta que ya no existe. El acuerdo plenario adoptado en su día obedecía a una singular configuración de la Corporación salida de las urnas del 22 de mayo de 2011 y se refería específicamente a esa realidad. No cabe, por tanto, ni siquiera por analogía, aplicarlo a una nueva Corporación que, además, es sustancialmente diferente a la anterior en partidos representados en ella y en la distribución de Concejales. Precisa un acuerdo plenario específico, ad hoc, referido a la Corporación actual constituida el pasado 13 de junio…En el caso de que la Alcaldesa trate de imponer esa patética decisión suya contraria a la Ley y a la racionalidad, instaré la celebración de una reunión de todos los Grupos de Concejales para valorar una acción judicial conjunta que, como Grupo de Concejales del Partido Popular, desde luego presentaríamos.”.

“Dos días después, el 16 de julio de 2015, y pese la advertencia, -continuó la Portavoz Popular- la Alcaldesa Moreno dictaba un Decreto en el que de forma expresa se recogía: “…Examinado el contenido del Acuerdo,…  -se refiere al Acuerdo de Pleno de 5 de julio de 2011-, se aprecia sin duda alguna que no limita sus efectos al mandato anterior, ni establece limitación alguna respecto de sus efectos, es ejecutivo hasta el momento en el que el Pleno apruebe uno nuevo que lo deje sin efecto.”.Mediante esta Resolución, la Alcaldesa-Presidenta se concedía a sí misma el régimen de dedicación exclusiva y un sueldo de 55.000 euros anuales, a sus dos Tenientes de Alcalde el régimen de dedicación exclusiva y un sueldo de 48.000 euros anuales para cada uno de ellos, y atribuía al resto de sus Concejales de Gobierno el régimen de dedicación exclusiva y un sueldo para cada uno de ellos de 44.000 euros anuales. Sobre el resto de Concejales de la Corporación, todos ellos pertenecientes a los diferentes Grupos políticos de la oposición avalados por las urnas de las últimas elecciones municipales, la Alcaldesa-Presidenta no resolvía nada. En el Decreto de referencia no figuraba mención alguna a estos Concejales.  “Ha resultado jurídicamente probado -insistió la Portavoz Popular- que las apreciaciones tan rotundas de la Alcaldesa eran una mentira más”. 

Siguiendo con el relato de los hechos, María José Martínez de la Fuente recordó: “El día 21 de julio de 2015  el Grupo de Concejales del Partido Popular suscribió y registró, junto con el resto de los Grupos Políticos de la oposición, con la significativa excepción de  Aranjuez Ahora, un documento solicitando a la Alcaldesa Moreno, la convocatoria de un Pleno Extraordinario para requerirla que dejara sin efecto el Decreto citado por ser ilegal”.

La Portavoz Popular recordó que su Grupo “El día 22 de julio de 2015 señaló en Rueda Informativa que el Decreto confirma un evidente desprecio a los Grupos de la oposición, a sus votantes y a la democracia misma, en perjuicio del interés general de todos los ribereños. La Alcaldesa ha decidido, bajo su sola responsabilidad, dejar sin recursos a la oposición evitando así el control de la gestión de su Gobierno. Es una decisión democráticamente inaceptable en las formas y en el fondo. Uno de los ejemplos clásicos de autoritarismo consiste en imposibilitar o debilitar el trabajo de la oposición. Sin los medios precisos la oposición queda atada de pies y manos; así de sencillo.” 

Y María José Martínez de la Fuente añadió, sobre los fundamentos de la ilegalidad: “Desde la perspectiva legal, el Decreto en cuestión incurre en graves infracciones de carácter procedimental y material que lesionan derechos fundamentales ya que la Alcaldesa usurpa una competencia que no le corresponde ya que, de acuerdo con las leyes”, y enumeraba pormenorizadamente entonces cómo la Alcaldesa hacía caso omiso a la legislación aplicable. 

En aquella ocasión la Portavoz Popular insistió en que la Alcaldesa “no sólo lesiona derechos susceptibles de amparo constitucional, no sólo está dictado por órgano manifiestamente incompetente, no sólo vulnera la Constitución, las leyes y diferentes normas y disposiciones administrativas, sino que, además, quien se ha responsabilizado de su autoría con su firma podría estar incurriendo en la presunta comisión de diferentes infracciones de carácter penal, entre ellas en un presunto delito de prevaricación al dictar, sabiendo que lo es, una resolución manifiestamente ilegal y arbitraria, carente de todo fundamento desde la perspectiva del interés público y que sólo parece satisfacer, por vía ilegal, intereses meramente particulares.”.

María José Martínez de la Fuente recordó que “El 31 de julio de 2015 se celebró el Pleno Extraordinario solicitado y la Propuesta exigiendo a la Alcaldesa que dejara sin efecto su  Decreto fue aprobada por todos los Grupos políticos de la oposición, lo que suponía el acuerdo mayoritario de los miembros de la Corporación pues sólo obtuvo los votos en contra del PSOE”. “Este hecho -remachó- no produjo efecto alguno ya que la aprobación de la Propuesta por el Pleno de la Corporación  y el mandato que contenía –“que se proceda a dejar sin efecto, a través del procedimiento legalmente oportuno, el Decreto dictado por la Alcaldesa-Presidenta, Cristina Moreno Moreno, con fecha 16 de julio de 2015…”- fueron ignorados por la Alcaldesa y su Gobierno Municipal dando prueba, una vez más, de su déficit democrático y de su burla de las normas.  

La Portavoz Popular continuó recordando los hechos: “El 20 de agosto de 2015 los Concejales del Partido Popular denunciamos en el Juzgado correspondiente el Decreto de la Alcaldesa así como otros Decretos firmados por el segundo Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Hacienda, todos ellos referidos a procurar ilegalmente un sueldo a la Alcaldesa Moreno y a los Concejales del PSOE y la denuncia fue admitida a trámite”. 

“El 27 de mayo de 2017 -señaló María José Martínez de la Fuente- se nos comunicó la Sentencia estimatoria de nuestro Recurso contencioso administrativo declarando “la nulidad de pleno derecho del Decreto de la Alcaldesa Moreno y de los sucesivos del Concejal de Hacienda por haber sido dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia. Procede condenar en costas a la Administración…”, y la Sentencia recogió como fundamentos los motivos esgrimidos por el Partido Popular desde el primer día que denunciamos públicamente la ilegalidad de tales Decretos, de modo que resaltaba la Sentencia: “nos encontramos ante la manifiesta falta de competencia de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez para el dictado del Decreto de 16 de julio de 2015”.

La Portavoz Popular recordó que la Sentencia se manifestaba sobre lo que ya había advertido reiteradamente su Grupo Político: “El cambio que supone el Decreto citado no encuentra amparo ni cobertura alguna en el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 5 de julio de 2011, por el que se aprobó la Propuesta de la entonces Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez , de fecha 1 de julio de 2011, sobre Régimen de Retribuciones de Órganos de Gobierno de la Corporación, pues basta un simple examen comparativo entre lo aprobado por el Pleno y lo aquí acordado por Decreto por la Alcaldesa para apreciar el establecimiento de un nuevo régimen retributivo de los Concejales, máxime cuando en la nueva determinación de los Concejales que han de desempeñar su funciones en régimen de dedicación exclusiva, se excluye del mismo a todos los Concejales de la Oposición, en contraposición con el modelo adoptado por el Pleno del año 2011 en el que sí se acuerda que los Portavoces de los Grupos Políticos de Oposición tengan un régimen de dedicación exclusiva o parcial.”.

María José Martínez de la Fuente señaló que “ya en julio de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos notificó su Sentencia ratificando la que en su día pronunció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid, de modo que rechazó contundentemente todos los argumentos que el Gobierno Municipal esgrimió en su recurso de apelación contra la resolución de dicho Juzgado”.  Y añadió: “Esta nueva Sentencia de órgano judicial superior reiteraba todos y cada uno de los argumentos de la Sentencia anterior, recogiendo como fundamentos los motivos esgrimidos por el Partido Popular desde el primer día,  y volviendo a condenar en costas al Gobierno Municipal socialista”.

La Portavoz Popular recordó que “tras la Sentencia, el 17 de octubre de 2018, informó en Rueda Informativa que la Resolución judicial era firme y con ello la declaración de nulidad absoluta de los citados Decretos, de modo que queda demostrado que la Alcaldesa utilizó un Decreto ilegal para destinar ilícitamente dinero público a su sueldo y al de los Concejales socialistas, y como consecuencia inmediata, la Alcaldesa y sus Concejales deberán devolver a las arcas municipales los 170.000 euros ilegalmente cobrados, más los intereses legales correspondientes, ya que ese dinero jamás debió salir de la Tesorería Municipal”. Y aclaro que “ésa es la cantidad global que utilizaron en beneficio propio del dinero de los ribereños amparándose en un Decreto ilegal, y sin olvidar que, además, el Gobierno municipal socialista ha sido condenado al pago de las costas en las dos instancias judiciales”. 

María José Martínez de la Fuente informó: “La devolución a la Tesorería Municipal del dinero utilizado ilegalmente para llenar los bolsillos de la Alcaldesa y de sus Concejales deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de dos meses a contar desde el 5 de octubre, por lo que quedan ya pocos días”, y anunció: “Si transcurrido el plazo legal los socialistas no han repuesto ese dinero, acudiremos de nuevo a los Tribunales para solicitar la ejecución forzosa así como la imposición de las sanciones correspondientes por desobediencia a la Justicia”.

La Portavoz Popular hizo una consideración de conjunto: “Siendo grave la ilegalidad cometida lo es también la actitud políticamente indecente e irresponsable de la Alcaldesa Moreno que hurtó sus competencias al Pleno de la Corporación, máximo órgano colegiado de representación de los ciudadanos, pisoteando los derechos de los Concejales de los diferentes Grupos Políticos representantes legítimos de miles de ribereños y, en consecuencia,  secuestrando la democracia local y vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos ya que para “participar en los asuntos públicos” por medio de “sus representantes libremente elegidos” es necesario que tales representantes y los órganos de que forman parte no sean suplantados en sus competencias inherentes a tal función constitucional”.

“El Decreto de Cristina Moreno fue una decisión democráticamente inaceptable tanto en las formas como en el fondo, y más habiendo sido advertida reiteradamente de su ilegalidad, por lo que, por responsabilidad y decencia política, debería haber presentado ya su dimisión, como le venimos exigiendo desde el Partido Popular, pero como vive en el chanchullo y la mentira permanentes no dimitirá”, concluyó María José Martínez de la Fuente”.