El Ministerio de Fomento firmará "en las próximas semanas" una encomienda de gestión con Renfe para cederle hasta la próxima década la gestión y explotación de los trenes de cercanías y media distancia (regionales) en España. Así lo anunció la secretaria general de Transporte, María José Rallo, en su última comparecencia en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, confirmando así la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchezde dar continuidad a los planes de su antecesor, Mariano Rajoy, de dar una patada hacia adelante en la liberalización de este servicio de transporte por ferrocarril.
Por mandato europeo, España tendrá que abrir su mercado de transporte comercial de pasajeros a partir de 2020 para las líneas de larga distancia, incluida la red de alta velocidad. Además de Intermodalidad de Levante (ILSA), que quiere anticiparse con una ruta Madrid-Montpellier para la que todavía no tiene fecha de puesta en marcha, y Arriva, la filial de la estatal alemana Deutsche Bahn que pretende operar entre A Coruña y Oporto, otras compañías han obtenido los certificados de seguridad necesarios para transportar pasajeros por ferrocarril pese al monopolio que conserva Renfe. Acciona, ACS o Ferrovial están en esa lista, si bien no admiten estar trabajando todavía en sus propios proyectos de líneas de larga distancia.
Lo que queda todavía en un horizonte muy lejano será la entrada de operadores privados en los trenes de Cercanías y regionales. Son las denominadas Obligaciones de Servicio Público (OSP), los trayectos considerados estratégicos y un servicio fundamental para la movilidad de las personas. No tienen, por tanto, una naturaleza comercial y su gestión depende de una concesión gubernamental.
Proteccionismo de empresas estatales
Unas de las razones de ese bloqueo es que el afán mostrado por la Comisión Europeapara lanzar directivas de liberalización en el transporte por ferrocarril para líneas de larga distancia ha sido inversamente proporcional al proteccionismo con el que algunos países miembros se han comportado al poner sobre el tapete las cercanías y los trayectos regionales.
Estados con superficies pequeñas como Luxemburgo presionaron para hacer una distinción entre las rutas denominadas "comerciales" y las consideradas "de servicio público" ante el temor de que grandes compañías entrasen a competir en sus mercados locales contra sus empresas estatales. "Para nosotros, abrir a la competencia nuestro operador nacional equivaldría a la quiebra del cuarto mayor empleador de nuestro país", llegó a afirmarel representante luxemburgués en una reunión del Consejo de Transportes de la Unión Europea celebrada en 2015. "No hay ninguna prueba de que la competencia forzada de los contratos de servicio público pueda beneficiar a las pequeñas redes ferroviarias", dijo Claude Wiseler.
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