El arrepentido David Marjaliza explicó al juez el contenido de un documento que revela un gran pacto para amañar concursos de vivienda pública.
Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se repartieron a dedo una recalificación de 1.372 viviendas públicas en Aranjuez para entregarlas a constructoras y cooperativas afines. El acuerdo del presunto reparto quedó por escrito, y ha sido explicado por el empresario David Marjaliza ante la Audiencia Nacional como prueba de su colaboración con la Justicia.
El documento remitido al empresario, que según su propio testimonio fue uno de los beneficiados por en los concursos amañados, refleja al detalle en número de viviendas que se quedaba cada partido para entregarlas a sus afines. El documento data de julio de 2006, cuando los terrenos ni siquiera habían salido a concurso.
El documento, obtenido por EL ESPAÑOL, revela que el reparto de viviendas en los terrenos donde se ubicó durante años la fábrica de la empresa fotográfica Agfa, se hizo bajo cuerda y con participación de todos los partidos. Según explican fuentes conocedoras de la operación, tras el cierre de la fábrica y con el objetivo de garantizar la paz social, el ayuntamiento llegó a un acuerdo con los trabajadores que perdían su empleo para entregarles licencia para construir 75 viviendas por medio de una cooperativa. Habría que recalificar los terrenos.
El documento refleja también otras 165 viviendas de “VP” (Vivienda de Protección) para “UGT, COMISIONES”. Parte de las licencias son también para un constructor local (“Lleregui: 88”) y para la Sociedad Local del Suelo y la vivienda, la empresa pública de Aranjuez que se encargaba de gestionar este tipo de actuaciones urbanísticas y que promovería 280 viviendas.
Contactos con el PSOE
Según el documento, esa primera división dejó 764 viviendas a repartir entre los principales partidos del Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE. El partido de Pedro Sánchez repartiría a concurso 356 viviendas, de las que 75 serían de precio tasado y el resto libre. El porcentaje de licencias que se quedaba presuntamente el PSOE coincide prácticamente con el la representación que tenía en ese momento en el Ayuntamiento: un 46,6%.
El papel, explicado por Marjaliza ante el juez, describe que las viviendas presuntamente otorgadas al PSOE fueron a parar a tres cooperativas o promotoras distintas: Sol Naciente, con sede en Aranjuez, Ribereña de Vivienda Social (RVS) y Atalia, la promotora participada por el empresario David Marjaliza y por el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, también imputado en el caso Púnica.
Según explicó el empresario arrepentido ante el juez, el exalcalde murciano habría servido de correa de transmisión entre la promotora y el grupo socialista de Aranjuez, controlado entonces por Jesús Dionisio Ballesteros. Su número dosen aquellas fechas es la actual alcaldesa del municipio, Cristina Moreno.
Ante la Audiencia Nacional, el empresario arrepentido mantuvo que pagó una comisión de 1.300 euros por vivienda, un dinero que que entregó presuntamente en mano al exalcalde de Cartagena para que fuera trasladada a responsables del partido en Aranjuez y asegurar el concurso. Lo que Marjaliza desconoce, según esta versión, es el destino final de los fondos.
61 unifamiliares para "compromisos"
Según la documentación exhibida ante la Audiencia Nacional, el esquema de reparto fue remitido al correo electrónico de David Marjaliza por Elisa González, una de las responsables de la empresa Atalia, para que el empresario tuviera conocimiento de las negociaciones. El 27 de abril de 2007, casi un año después de ese correo, el Ayuntamiento de Aranjuez concede terrenos a la sociedad Atalia Sur, filial del grupo, para levantar 90 viviendas de protección pública básica (VPPB).
Además, el 17 de diciembre de 2007, el consistorio entregó otro concurso a la empresa Vancouver Gestión, controlada por Marjaliza, para promover viviendas de precio libre, que tendrían una comisión mayor. En su declaración judicial, el arrepentido matizó que el documento no se cumplió al detalle ya que finalmente sus empresas recibieron permiso para construir más viviendas de las pactadas.
En cualquier caso, el documento refleja que el PP se reservó permiso para la construcción de 300 viviendas, de las que 71 eran unifamiliares de precio libre. Según explican fuentes conocedoras del sector inmobiliario madrileño, era habitual que el pago de comisiones fuera mucho mayor en las viviendas de este tipo, donde el precio no estaba fijado por la Administración y las posibilidades de lucro son mucho mayores.
Por su parte, Izquierda Unida se anotó 47 viviendas libres "en bloque", es decir, a construir en un edificio y no con inmuebles unifamiliares. Por último, el epígrafe "compromisos" se cierra con 61 unifamiliares que irían a parar a personas cercanas a los responsables del consistorio, que según esta versión consiguieron también el permiso para construir los inmuebles a dedo.
Concursos con criterios subjetivos
Pese a que el empresario David Marjaliza ha reconocido en sede judicial la manipulación de estos contactos por parte del ayuntamiento, el impacto en las arcas públicas sería limitado en casi todos los casos, ya que los concursos públicos de precio tasado tienen un precio fijo para todos los postores. Entonces ¿en qué se basa la administración local para concederlos? En criterios que no tienen que ver con el coste y que son por tanto mucho más subjetivos. Elementos como la calidad del proyecto, el diseño, el uso de determinados materiales...
Por ello, lo que habrían conseguido los partidos con estos pactos era garantizar que las constructoras o cooperativas afines accedían a permisos para promover vivienda por encima de otras empresas que acudieran a esa misma licitación pública. Queda por investigar tanto si mediaron pagos entre políticos y constructores como para que estos concursos fueran en realidad entregados a dedo y si en esas promociones recibieron además viviendas públicas hijos, familiares o afines a los distintos partidos afectados.
A día de hoy, varios de los solares adjudicados en aquellas licitaciones permanecen sin urbanizar y otras tantas empresas han pasado por un proceso de concurso de acreedores o directamente han cerrado. ¿El motivo? La llegada de la crisis inmobiliaria, que azotó justo cuando el consistorio de Aranjuez sacaba estos terrenos a concurso. "Nos acostamos ricos y nos levantamos pobres", explica uno de los constructores vinculados a esta operación.
Fuente El Español
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