En la mañana de hoy se ha celebrado un Pleno extraordinario para adjudicar el nuevo contrato de recogida de basuras a la empresa Cespa. Un nuevo contrato que traerá consigo ahorro respecto a los 6,6 millones anuales que se pagan anualmente, pero que se va a quedar lejos de los 500.000 euros menos que se estimaban en el Plan de Ajuste.
Lamentamos profundamente que el contrato más caro al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento haya llegado sin consenso de todas las partes, con una prorroga que llegó en el año 2016 alegando falta de tiempo para realizar un buen pliego que satisficiera a todas las partes implicadas, con pequeños cambios en el 2017 cuando el gobierno pretendía levantar un almacén de camiones en la parcela 505 del barrio de la montaña y quedándose solo en la votación. Lamentablemente, en cuestiones fácilmente subsanables no ha habido ya esa voluntad de cambio, al tener tal vez los votos asegurados.
Hoy, por fin llegamos a una aprobación de un contrato que, no podemos negar, en palabras de Jesús Mario Blasco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente “trae novedades positivas, como la eliminación de ese almacén, la inclusión de todos los barrios dentro del pliego, la compra de nuevos vehículos que modernizarán la flota existente y cierto ahorro mensual, aunque no
llegará a cumplir las expectativas marcadas en el Plan de Ajuste, de más de 500.000 euros anuales”.
Además, el Portavoz independiente, incide “en la falta de consenso, dialogo y ganas de solucionar las advertencias realizadas por el Secretario Municipal sobre el expediente del contrato, como eran la indefinición de criterios de valoración y ponderación, pudiendo generar “indefensión” a los licitadores, así como un claro vicio de discrecionalidad. La indefensión, como pone de manifiesto el Secretario General, sería a priori (indefensión de licitadores en sus ofertas de mejora por la indefinición, amén de su discriminación frente a la empresa que presta el servicio) y a posteriori (por la ausencia de criterios objetivos de valoración) sin olvidar la elevada discrecionalidad “eliminativa” puesto que en el concurso se marcan criterios subjetivos que pueden eliminar directamente a las empresas que se presenten al mismo, como así ha ocurrido”.
Esa discrecionalidad ha influido, entendemos, decisivamente a la hora de tener una mayor concurrencia en el contrato. Solo dos empresas concurrieron, y una de ellas quedó fuera de la valoración precisamente por la existencia de un límite excluyente. No sabemos cuál era la oferta económica de la otra empresa, y eso precisamente era algo muy a tener en cuenta. No todo, porque todos coincidimos en la necesidad de tener cláusulas sociales y que beneficien a los trabajadores, pero sin minusvalorar la importancia de la oferta económica. Tanto es así, que el actual secretario accidental precisamente habla de la morosidad de la administración como elemento disuasorio a la hora de concurrir al concurso. Con el límite excluyente, basado en elementos subjetivos, hemos impedido tener otra referencia económica para ponderar convenientemente la oferta de quien ha resultado adjudicatario.
“El gobierno tenía en su mano aclarar y solucionar las dudas que teníamos al respecto, explicadas hasta el aburrimiento, pero como viene siendo habitual, no quisieron hacer nada al respecto. Ese ha sido el principal argumento por el que no hemos votado a favor esta adjudicación, aún a sabiendas que tiene elementos positivos, el Gobierno no ha querido solucionar las medidas y los puntos que nos arrojaban dudas y que eran fácilmente solucionables, como por ejemplo lo ocurrido en el Pleno en el que solicitaban la documentación a una empresa previamente a la adjudicación, vulnerando dos puntos del pliego de clausulas administrativas particulares, estas señalan que primero se debe adjudicar y posteriormente requerir documentación, no al revés como ha realizado el Ayuntamiento.
Cuando no se quiere… no se puede. La subsanación de estas deficiencias (porque así las calificaba el anterior secretario, aunque se califiquen ahora como “juicios de valor” hubiese retrasado la adjudicación solo unos pocos días, como ya sucedió con otras que sí se solventaron”.
Respecto a la polémica tras la condonación de alrededor de 1,7 millones por parte de la empresa adjudicataria al Ayuntamiento de Aranjuez, el portavoz independiente sostiene que “muy probablemente no haya influido en el proceso de adjudicación, ya que era algo que se contempló hace
aproximadamente un año, aunque el anuncio en estos días no ha sido especialmente afortunado. Tenemos que recordar que a la empresa se le va a pagar 16.850.000 euros con cargo al fondo de ordenación solicitado al Ministerio de Hacienda, pero también alrededor de 2,7 millones más en concepto de intereses, por lo que la condonación solo fue parcial. Esos 2,7 millones los deberá pagar el Ayuntamiento en 10 años, sin contemplar el pago de más intereses (de intereses) por lo que el ahorro en este nuevo contrato se antojaba vital. Un ahorro que finalmente no va a ser tan relevante como se esperaba tras la aprobación del Plan de Ajuste”.
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