ACIPA PONE EN MANOS DE LA FISCALÍA LO QUE A NUESTRO JUICIO ES UN COBRO ILEGAL DE 13.005,05 EUROS COMO AVAL PARA PODER CONSTRUIR EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA Y UN ABUSO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. LAS CARGAS EXISTENTES EN LAS PARCELAS PRESCRIBÍAN A LOS 7 AÑOS Y DESAPARECIERON EN EL AÑO 2012. NO ENTENDEMOS LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DECIDIÓ VINCULAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRA Y LPO AL PAGO DEL CITADO AVAL.
Creemos en la justicia y esperamos que sea ésta quien dirima si el legítimo o no cobrar esta cantidad de dinero a los ribereños que han decidido construir una vivienda en la montaña
Esta mañana hemos anunciado en rueda de prensa que el pasado 19 de marzo pusimos en conocimiento del Fiscal toda la documentación a la que hemos tenido acceso y que prueba que desde el año 2016 se decidió someter por parte del gobierno municipal el otorgamiento de licencias de obra para poder construir una vivienda en el Barrio de la Montaña al pago de un aval de 13.005,05.
Desde nuestro punto de vista se trata de un procedimiento cuanto menos extraño y de dudosa justificación, puesto que en las notas simples de las parcelas se puede comprobar cómo todas ellas se encuentran libres de cargas. Cuando se produjo la compraventa de las parcelas en 2005 apareció una carga o afección urbanística que reflejaba los costes proporcionales de urbanización. Dicha carga tenía una caducidad de siete años, quedando las notas marginales libres de ellas a partir de 2012. A partir de una sentencia de 2015 del TSJM que anulaba la ejecución del aval de Gran Casino (la parte superviviente de la UTE a la que se adjudicó el desarrollo y el complejo de ocio y juego asociado) el equipo de gobierno, entendiendo respaldado por servicios técnicos, decidió exigir este pago pese a que la carga ya no existía. Además, tampoco existía (el informe se elaboró en enero de 2018) informe técnico-jurídico alguno o documentación, que justificase el cobro de dicho aval a los vecinos que quieren construir una vivienda en el barrio de la Montaña. Algo que nos parece excepcionalmente grave, ya que cada acto administrativo de un Ayuntamiento debe ir respaldado por los informes técnicos correspondientes porque si no se genera indefensión absoluta a los afectados.
Dichos afectados nos han ido trasladando durante todo este tiempo la sensación de impotencia y frustración que conlleva el hecho de que un Ayuntamiento te pida un dinero a añadir al gran desembolso que supone comprar una parcela, construir y pagar todas las tasas e impuestos habidos y por haber, aparte de que en ocasiones conteste con silencio administrativo cuando se les pide explicaciones por tal proceder.
Jesús Mario Blasco Blanco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente ribereña asegura que “nosotros no estamos acusando a nadie de delito alguno, solo hemos puesto la documentación, a la que hemos tenido acceso así como los indicios que tenemos de que se podría estar conculcando la ley, en manos del Fiscal. Esperamos que sea la Justicia quien decida si es legal o no el cobro de un aval para que los vecinos puedan construir su vivienda en el barrio de la Montaña”.
Además, el Portavoz independiente afirma que “no podíamos dejar a los afectados solos y sin respuesta. Estamos hablando de más de 50 familias afectadas que no tienen culpa alguna de la inacción de los distintos gobiernos municipales que no se encargaron de exigir a Fadesa que cumpliese con sus obligaciones. Estamos hablando de vecinos que no tienen por qué pagar, en la época de Gobierno de Jesús Dionisio, que se hayan pagado nóminas municipales con parte del dinero de los avales, destinados precisamente a terminar el barrio. Creemos que es nuestra obligación hacer algo por todos los afectados y que sea la Justicia quien decida si todo lo que les está pasando es legal o no, nosotros por nuestra parte pensamos firmemente que el gobierno municipal no debería tener autoridad moral de hacer pagar a los vecinos unos avales, y sobre todo porque creemos que dichas actuaciones no se ajustan a derecho”.
Solo por poner algunos ejemplos, “estamos hablando que a unos propietarios se les han exigido los avales y a otros no; para unos los avales son finalistas y otros no lo son, estamos hablando de la aplicación de criterios aleatorios y arbitrarios, y eso genera inseguridad jurídica. No existe justificación de los ingresos de los avales realizados en el Consistorio y en otras ocasiones el pago al parecer era reclamado de manera verbal, generando una tremenda indefensión. Muchos de estos vecinos tampoco saben cuándo se les devolvería este dinero, o peor aún, si se les devolvería. Se da además una triste paradoja, ya que cuando muchos vecinos fueron a comprar las parcelas en 2005, se les dijo que no se preocuparan, que la carga extinguiría en siete años, que no tendrían que asumir sobrecostes porque Fadesa había puesto un aval finalista suficiente… Nadie se preocupó hasta que la promotora dio muestras de estar atravesando graves dificultades económicas, se dejó hacer y deshacer a Fadesa a su antojo, y cuando por fin se decidió a ejecutar los avales, la empresa acabó tomando las de Villadiego dejando empantanado la subsanación de deficiencias del barrio. Un cóctel explosivo de desidia a todos los niveles que se pretende acaben pagando, como siempre, los vecinos”.
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