La Intervención General de la propia Comunidad de Madrid ha hallado numerosas irregularidades en la gestión sanitaria del Hospital del Tajo, llevada a cabo hasta junio del pasado año por la empresa pública Hospital del Tajo, dependiente de la Consejería de Sanidad, además de encontrarse con impedimentos a la hora de analizar la gestión del centro y el cumplimiento de la legalidad.
En un informe de 2015, la intervención pone el énfasis en que se han detectado «incidencias» en la documentación administrativa de los expedientes de contratación de inversiones que afectan al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, como que el centro utilice de forma generalizada la contratación menor en el suministro de bienes fungibles, vulnerando el artículo 138.2 de la citada Ley.
«Ello conlleva un fraccionamiento en el objeto del contrato, eludiendo el procedimiento y la forma de contratación establecido en la normativa de contratación pública», precisa el informe, basado en el análisis de la cuentas de 2014 y que señala que, en total, el 93,87% del gasto de compra a proveedores, cifrado en 10,1 millones de euros, se realizó al margen de la Ley.
Asimismo, el informe de Intervención subraya que el centro «incurre en la obligación de abonar intereses de demora» al no pagar el precio del contrato dentro de los 30 días siguientes a la fecha de ejecución, contraviniendo el artículo 216.4 de la misma ley de contratos públicos. De la muestra de gastos analizada, el plazo medio de pago se sitúa en 121 días. Entre otras muchas irregularidades, el centro «habría abonado indebidamente 35.636 euros» en horas extra de prolongación de jornada a los facultativos, incumpliendo el artículo 35 de la Ley 5/2013 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014. Además, las «facturas se conforman para su pago por personas sin competencia para ello».
El informe, al que han tenido acceso los grupos de la oposición, coincide en el tiempo con otro de la Intervención de la Comunidad de Madrid que apunta, según adelantó ayer la Cadena Ser, que hubo «pagos indebidos» en la construcción y sistema de concesión y financiación del hospital Infanta Leonor, que fue construido por una UTE (Unión Temporal de Empresas) en 2005. La Comunidad anunció ayer que revisará «todos los extremos» sobre los pagos.
El PSOE-M, Podemos y Ciudadanos pusieron ayer en cuestión el canon que la Comunidad abona a los siete hospitales públicos gestionados por empresas concesionarias al considerar que es «opaco», y al haberse pagado ya los edificios. Según los cálculos de la oposición, con lo pagado en los casi diez años transcurridos desde la entrega de los hospitales, ya se debería haber costeado su construcción.
Ante los grupos de la oposición en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela -ocupó el cargo de 2003 a 2007- defendió la construcción de los hospitales y su modelo de concesión externalizado porque el modelo de los hospitales tradicionales es «absurdo e imprevisible».
Lamela señaló que hace una década era «necesaria» la construcción de hospitales por el aumento de la población y de las necesidades de la región, e incluso indicó que si hubiera sido por él hubiera construido más hospitales así, informa Europa Press.
