El Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 7 de Madrid,dispone como medida cautelar, LA SUSPENSIÓN EJECUTIVA del Decreto de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez de 16 de julio de 2015, por el que se determinan los cargos que se desempeñaban en régimen de dedicación exclusiva, como los Decretos del Segundo Teniente Alcalde de fechas 28 de julio y 6 de agosto de 2015, aprobando las nóminas de los concejales del Grupo Socialista y miembro del Equipo de Gobierno, y el pago de las retribuciones.
El Magistrado ha decidido la adopción de la medida cautelar de suspensión de efectos de los Decretos citados porque, sin necesidad de realizar un análisis profundo “sin prejuzgar el fondo del asunto” , ha llegado a la convicción de que la Alcaldesa de Aranjuez se excedió en sus competencias al dictar un Decreto por el que se repartían, ella y los concejales de su grupo, las retribuciones que tuvieron a bien. El Juez, censura la actuación de la Alcaldesa porque ésta ha incurrido en el peor de los reproches: que te declaren nulo de pleno un acto, cuando esto sólo ocurre en dos casos: 1.- cuando se dicta un acto para el que no tienes competencia en razón de la materia; 2.- cuando se dicta un acto para el que no tienes competencias en razón del territorio.
La Alcaldesa se salta la Ley, al más puro estilo de los gobernantes autoritarios, y el soporte que toma como referente para ponerse su salario y el de los concejales de su grupo (representantes del PSOE en Aranjuez), es el acuerdo de Pleno de julio de 2011 (del PP), referente que es puesto en evidencia por parte del Magistrado, cuando dice que: un simple examen comparativo entre lo aprobado por el Pleno y lo acordado por Decreto por la Alcaldesa sirve para apreciar el establecimiento de un nuevo régimen retributivo de los concejales.
Es decir, no existe razón ni cumplimiento de lo acordado en Pleno de 2011.
No es posible suspender hoy los actos de ejecución porque ya se han ejecutado. Los decretos han tenido una duración de cinco meses ( del 13 de Junio al 13 de noviembre), hasta que en el Pleno del 13 de noviembre PSOE y PP aprobaron la nueva retribución, con un gran beneficio para ambos grupos, siendo esta rechazada por el resto de grupos.
Durante estos cinco meses el coste para la maltrecha CAJA de CAUDALES del Ayuntamiento, ha sido en torno a 150.000€, coste producido por la decisión de la Sra. Alcaldesa “por sí y para sí”, y que es ejecutado por el Segundo Teniente Alcalde. YA!! DEBERÍAN EMPEZAR A DEVOLVER ESTE DINERO. ESTE AUTO ES SUFICIENTE PARA VER QUE SE TOMÓ UNA DECISIÓN AL MARGEN DE LA LEY. Sería lo más conveniente desde el punto de vista político y por higiene democrática, además sería muy conveniente en un posible horizonte penal si se insiste en ir contra la Ley.
EL GOBIERNO RESPONDE
El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Asuntos Jurídicos, David Estrada, ha explicado hoy que el auto del Juzgado número 7 de lo Contencioso Administrativo no dicta en ningún momento la ilegalidad del decreto de Alcaldía que establecía las liberaciones de los concejales de la Corporación Municipal del pasado verano.
“El auto tan solo establece una medida cautelar, que es suspender la ejecutividad de un decreto consumado que ya no está en vigor desde la existencia del acuerdo de pleno del pasado 13 de noviembre”, ha explicado Estrada, señalando que, en ningún caso, aquel decreto establecía ningún cambio retributivo.
Además, Estrada ha recordado que aquel decreto de Alcaldía contaba con los informes preceptivos de la Intervención Municipal y del Secretario General del Ayuntamiento y era exactamente igual a los que se habían dictado en otros ayuntamientos de distinto signo político.
“En todo caso, con aquel decreto tan solo se buscaba garantizar la gobernabilidad de la ciudad hasta que hubiera un acuerdo de pleno que estableciera las liberaciones y las retribuciones de la Corporación Municipal”, ha dicho Estrada.
El primer teniente de alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento de Aranjuez presentará el correspondiente recurso al auto y ha recordado que esta “denuncia política” obedece a“una estrategia conjunta” de In-Par y de su portavoz, Juan Carlos Ramírez, y de la derecha del PP: “el primero porque quiere un sueldo del ayuntamiento, ya que al contrario de lo que dijo en campaña, no tiene trabajo fuera de la institución, y la segunda porque quería seguir cobrando del mismo”.
