CELEBRADO UN PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
Los técnicos municipales indican que debe ser aprobada antes del inicio del año en el que se
implanta. No deberíamos haber llegado a esta situación puesto que esta tasa, impuesta por Europa y acelerada por el Presidente de nuestro País, se conoce desde hace años.
La mañana del martes aprobó, con los votos favorables únicamente del gobierno del PP y sus socios de Vox, la conocida como “tasa de la basura” que tiene que cobrarse, por Ley, a partir del año 2025.
Cabe decir que la existencia de esta tasa y su aplicación era conocida por todos desde hace años, marcada en primer lugar por Europa y acelerada por el Presidente de Gobierno de nuestro País, obligando a todos los municipios a cobrar por un servicio que ya estaba presupuestado en todos los Ayuntamientos, con la intención de concienciar y favorecer el reciclaje y la reducción de la producción de residuos.
Ahora bien, centrados en nuestra localidad, la superficie total de los inmuebles sujetos a la tasa es de 4.999.678 m2, de los que 3.234.153 m2 corresponden a residencial, lo que supone aproximadamente un 64,687% de la superficie total y 1.765.525 m2 a uso distinto al residencial, lo que supone aproximadamente un 35,313% de la superficie total. Sobre estos porcentajes se dividen los costes del servicio. Estableciéndose una cuota fija y una cuota variable para cada uno de los dos grandes grupos de inmuebles.
a) Cuota fija.
Inmuebles de uso residencial: Coste del servicio que les es imputable dividido entre el total del valor catastral de los inmuebles de uso residencial: 1.955.131,14 €/2.271.906.699,47 € igual a 0,00086056 tarifa que se multiplicará por el valor catastral de cada inmueble de uso
residencial.
Inmuebles de uso distinto al residencial: Coste del servicio que les es imputable dividido entre el total del valor catastral de los inmuebles de uso distinto al residencial: 1.067.306,62 €/816.097.940,53 € igual a 0,00130781, tarifa que se multiplicará por el valor catastral de cada inmueble de uso no residencial.
b) Cuota variable o cuota por generación.
La cuota variable para los inmuebles de uso residencial se va a calcular en función de las personas empadronadas. Según datos facilitados por el Departamento Municipal de Estadística, ascienden a 65.534. Si dividimos el coste variable imputable a los inmuebles de uso residencial 832.653,75 € entre el número de empadronados, se obtiene una tarifa de 12,70 € por empadronado.
La cuota variable para los inmuebles de uso distinto al residencial se va a calcular en función del valor catastral de los citados inmuebles. Teniendo en cuenta que el coste variable imputable a estos inmuebles asciende a 454.545,91 € y que el valor catastral total de los citados inmuebles es 816.097.940,53 €. La tarifa será el resultado de dividir el coste imputable entre el valor catastral total
de estos inmuebles: 454.545,91 €/816.097.940,53 € igual a 0,00055697 que se multiplicará por el valor catastral de cada inmueble.
VOTO EN CONTRA DE ACIPA.
(acipa) defiende la necesidad de reciclar, de generar menos residuos, pero la mejor manera de hacerlo sería incentivar fiscalmente a quien lo hace, penalizar al que vierte en lugares indebidos, y no aumentar generalizadamente la presión fiscal cuando ya soportamos una auténtica odisea de impuestos y tasas de toda índole e impuestas por todas las administraciones.
Por tanto, “no nos creemos en absoluto que la mejor manera de reciclar es imponer un peaje a aquellos que reciclan. Además, con una tasa creada como se ha creado, imponiendo a los municipios esta figura impositiva, vulnerando el principio de autonomía local que nos ampara, y esperamos que los “grandes” partidos estén a la altura y defiendan a sus ciudadanos en los tribunales, denunciando esta tasa injusta para los ribereños”.
El Portavoz afirma que “es la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
la que hace apenas una semana pedía, por unanimidad, pedirle al Gobierno de España la reformulación de la ley para que se pueda aplicar respetando la autonomía local y no suponga un aumento de costes a los vecinos. Una vez más, y ya son tantas por parte de gobiernos de todos los colores, el gobierno de España pisotea a los municipios, nos pone de parapeto recaudador y nos endosa una figura fiscal para irse otra vez de rositas y sean los ayuntamientos quienes tengan que poner la cara a la hora de enfrentarse al comprensible enfado de los vecinos. Y más que se nos disfrace como una medida adecuada para fomentar el reciclaje, cuando es una vulgar tomadura de pelo que además pondrá en riesgo los beneficios que la población percibe sobre el reciclaje y la economía circular.
Por si fuera poco, no faltan tampoco las amenazas de retirar ayudas europeas a los municipios que no impongan esta tasa antes de abril 2025, cuando la FEMP está siendo clara ante las dificultades de aplicación de la tasa. Acabaremos teniendo 8.000 tasas distintas, tantas como municipios en España, mientras el impositor de la misma (la Unión Europea y el Estado) hace de Don Tancredo. Es sencillamente inadmisible.
Ante esta tesitura, nuestra posición no es la insumisión fiscal, sino la de calcular de la mejor manera la tasa para minorar todo lo posible este atropello a los vecinos, para bonificar lo que sea necesario, para paliar su impacto en los que menos tienen, y para pedir al gobierno local que haga las modificaciones fiscales oportunas y disminuir paralelamente la presión fiscal sobre los ribereños.
Nuestro voto en contra viene motivado precisamente porque no observamos que se den esas cuestiones, y son razones técnicas, no ya solo por la existencia de esta nueva tasa.
-En primer lugar, además de la imposición injusta y presuntamente inconstitucional, estamos
hablando de la imposición de una figura fiscal que se basa en supuestos y que permite bonificaciones para reducirlas… pero que no obliga a que cubra los costes del servicio… y es ahí donde vemos que cojea nuestra propia ordenanza, puesto que se han quedado cortos a la hora de establecer bonificaciones, demasiado tibias. La propia normativa estatal recoge que “la exigencia de no tener una tasa deficitaria debe interpretarse como el necesario cumplimiento de un principio sin que exija una precisión absoluta”. Dicho con otras palabras, las bonificaciones y exenciones que se apliquen no deben suponer subidas al resto de contribuyentes, sino que es la recaudación bruta la que debe cubrir los costes del servicio, y no la neta, que es la final descontando exenciones y bonificaciones.
Por tanto, no es entendible que no se hayan aplicado bonificaciones al depósito de residuos en el punto limpio (pese a que la normativa estatal lo contempla como posible incentivo al reciclaje) Tampoco ha sabido calibrar bien las bonificaciones a las familias cuyo ingreso sea el Mínimo Vital, o los parados de larga duración, o las pensiones más bajas.
-También rechazamos lo que a nuestro juicio es una mala o insuficiente ponderación de los sujetos pasivos. Dejan fuera los solares (más de 700 en nuestra trama urbana) muchos en un estado pésimo de conservación, sin vallar o con las vallas tiradas, con malezas, basuras de toda índole, ocasionando molestias a los vecinos y obligando a intervenir al propio ayuntamiento, forzando su limpieza o haciéndolo subsidiariamente. ¿De verdad no generan residuos? Recordamos que ya hay ayuntamientos que exigen a los propietarios que paguen por su mantenimiento. Y si no quieren, desde acipa les hemos propuesto una tasa que grave a los incívicos e incumplidores de las normativas. Lo que no puede ser es la nada. Recordemos que a más sujetos pasivos, menos cuota tendríamos que pagar entre todos.
También dejan fuera a las viviendas en ruinas. Ante esto somos muy claros, el que tenga una edificación con declaración de ruina debe repararla, o demolerla. PUNTO. Si no lo hace, sanción al canto. Tenemos ejemplos bochornosos como la casa de José Luis Sampedro como estandarte, y tantos inmuebles en un estado cochambroso. ¿Vamos a “premiarles” encima eximiéndoles de pagar por una propiedad que para más inri sí genera residuos, en vallados, en caída de cascotes, excrementos de palomas, etc…? Decimos claramente NO.
-Y por faltar, entendemos que debería haberse realizado un informe de impacto económico, para poder calibrar mejor el impacto sobre el tejido más desfavorecido, que puede ser residencial pero también en aquellas pequeñas empresas que puedan afectarse.
Creemos que en este mes de alegaciones debería realizarse para definir más acertadamente dónde deben ir los incentivos y las ayudas.
-Y por último, creemos que el gobierno debe ser valiente. No basta con denunciar que nos han obligado desde instituciones superiores la imposición de la tasa. Le pedimos valentía, le pedimos que sea capaz de ofrecer a los vecinos una rebaja de la imposición fiscal, porque al contrario de lo que se piensa, en Aranjuez se pagan mucho impuestos para lo que reciben los ciudadanos. Y por mucho que estemos sometidos a un plan de ajuste, estamos seguros que se puede hacer mucho más, por eso lo firmamos con el actual gobierno en el año 2019 y para nosotros ese acuerdo sigue vigente. Y saben más que de sobra que en ese escenario acipa siempre estará dispuesto a ayudar.
No nos conformemos con lo mal que lo hagan otros. Deberíamos precisamente haber dado ejemplo aquí, las cosas no se hacen así, se sigue sin recoger la mano que tiende nuestro partido… y sigue quedando demostrado que elegir el camino más fácil al final trae situaciones como esta. Estamos a tiempo de rectificar y esperamos que en este próximo mes de reclamaciones pueda verse”.
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