Los grupos PSOE, Iniciativa por Aranjuez y Unidas Podemos han presentado una propuesta al próximo Pleno municipal, que se celebrará el próximo miércoles 26 de enero, para evitar la privatización de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de Aranjuez.
El pasado 10 de noviembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez procedió a la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado el anuncio de la licitación correspondiente a la “contratación del servicio integral para el cumplimiento del Plan Director de Protección, uso y gestión de zonas verdes, parques jardines y arbolado del Real Sitio y Villa de Aranjuez” con un valor estimado de 3.880.777,34 € y una duración de 3 años. “Con este expediente de contratación, el Ayuntamiento pasaría a tener prácticamente subcontratada toda la delegación de parques y jardines”, ha señalado la concejala Socialista Elena Lara.
Por otro lado, se propone renovar y aumentar los medios materiales con los que cuenta la delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines, en base a las posibilidades reales del presupuesto municipal, a aprobar una oferta pública de empleo para aumentar la plantilla municipal de la delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines y a formular la revisión del Plan Director en colaboración con todos los grupos municipales para adecuarlo a las necesidades del servicio de forma racional.
Los grupos proponentes expresan en su relato que “en la memoria justificativa se expone que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes ni con los medios técnicos y de personal para cumplir con los objetivos del Plan Director, un plan director que ya se ha valorado muchas veces como irreal e inalcanzable y que, pese a estar basado en la utopía, no ha sido revisado desde que se publicó y que, aún poniéndose en marcha el contrato explicitado en la licitación, tampoco podría cumplir con todas las necesidades estimadas en él”.
Además, tanto PSOE como InPar y Unidas Podemos sostienen que “se desprende, también de la Memoria justificativa, que el pasado mes de junio se realizó un estudio de mercado para conocer el coste de los servicios objeto de contratación, que no se ha puesto a disposición de la Corporación municipal. Dicho estudio no se tomó como base, ya que el resultado no se ajustaba a la idea que tenía la dirección de la concejalía, que en este caso no se trataba de una dirección técnica sino política, dado que la Directora del servicio en ese momento lo desconoce absolutamente”.
En relación con el contenido del contrato, se estipula que su duración sea de tres años, “cuando este tipo de contratos, debido a su complejidad, suelen tener el plazo máximo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público que, para este caso, sería de cinco años. Si nos preguntamos por qué se ha limitado tanto la duración del contrato, la respuesta es: porque de haberlo ajustado al máximo permitido, el precio del contrato habría sobrepasado la cantidad por la que este tipo de licitaciones pueden aprobarse en Junta de Gobierno y, en ese caso, el pliego de condiciones tendría que haberse aprobado por mayoría del Pleno de la Corporación, mayoría que no representa el Equipo de Gobierno”.
Lara coincide con los portavoces de las formaciones progresistas en que “este equipo de Gobierno, desde junio de 2019, trata por todos los medios de gobernar la ciudad sin tener en cuenta al resto de la Corporación y ha sorteado todos los límites legales posibles para sacar adelante este pliego, con el que ponen sobre la mesa un cambio en el modelo de gestión, imponiendo la gestión indirecta de los servicios municipales y subcontratando una de las delegaciones con mayor importancia de este municipio”.
Las formaciones sostienen que es necesario “desterrar este tipo de prácticas poco transparentes, que suponen eludir controles tan básicos y democráticos como lo es que un tema fundamental como éste tenga que ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Al tratarse de un gobierno municipal en minoría, los partidos que conforman la Junta de Gobierno ni siquiera representan a la mayoría de los ribereños y ribereñas, razón por la cual queda aún más en entredicho la legitimidad de esta maniobra”.
Sobre el contrato propuesto por el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos, se expresa que “solo incorpora un oficial jardinero y dos jardineros que, junto con 7 auxiliares jardineros y siete peones, tendrían que hacer frente a todos los planes y programas del Plan Director a pesar de que en este se cuantifican las necesidades de personal en 100 peones jardineros, 20 oficiales jardineros, cinco podadores, cinco fontaneros y un mínimo de 2 encargados”.
Sin embargo, sí contempla el coste de personal, “que roza los 600.000 € anuales, incluye entre el personal adscrito un técnico diplomado, un encargado y un oficial conductor de los que ya dispone la Delegación de Medio Ambiente como personal fijo. Es más, la delegación cuenta con dos encargados.”, afirman los proponentes, que mantienen que “observando los gastos corrientes que incluye el contrato, se encuentra el almacén dónde alojar la maquinaria y vehículos de mantenimiento del Servicio de Parques y Jardines de los que ya dispone el Ayuntamiento. También se cuenta con contratos para la realización de tratamientos fitosanitarios, desbrozado de parcelas municipales, alquiler de maquinaria y vehículos suministros de material de riego, suministros de equipos de protección individual, así como de diferentes materiales de jardinería (en el que se incluye el suministro de plantas y fertilizantes), que también incluiría el contrato que la Junta de Gobierno ha sacado a licitación.
